Finjus dice firma de Pacto seguridad ciudadana está por encima de intereses políticos

Advierte debemos garantizar la paz social
SANTO DOMINGO. – El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, llamó a la firma de un pacto entre el Estado y la sociedad civil que conlleve a fortalecer la seguridad y la convivencia de los ciudadanos.

En el mismo tenor se pronunció el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Joseph Manuel Abreu María, quien afirmó que la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica no son responsabilidad exclusiva del Estado, sino un compromiso de la sociedad en general.
Ambos jurisconsultos hablaron del tema en la clausura del Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Postcovid en América Latina, desarrollado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde también expuso el doctor Ricardo Nieves, quien destacó que la posmodernidad con su plataforma tecnológica es utilizada por el crimen organizado para cometer todo tipo de delitos, por lo que favorece una nueva ley que lo combata.

Castaños Guzmán, quien actuó como moderador en el panel Rol de la Sociedad Civil en la Seguridad Ciudadana, aclaró que todos los sectores en su conjunto quieren ser corresponsables de este proceso.
“No queremos que los únicos que asuman la responsabilidad sean las instituciones públicas, queremos que pase lo que pase, al final nosotros podamos compartir lo que suceda con ustedes”, significó.
Sostuvo que la sociedad civil no está apostando al fracaso, “nosotros queremos ser compromisarios y eso es a lo que estamos apostando”.
Finalmente, refirió la necesidad de producir un pacto que conlleve a desarrollar un verdadero plan de seguridad y convivencia ciudadana. “Ese pacto es el que va a reflejar quienes realmente quieren este país. Porque el que se oponga a eso es porque no quiere a la República Dominicana”.
De su lado, Abreu María consideró que en esa tarea también se debe incluir al empresariado, sector que trabaja la temática de la seguridad desde los diferentes factores que inciden en la seguridad ciudadana, como los conflictos, los actos delictivos producto de desigualdades, y la falta de oportunidades.
“Conociendo la inseguridad y el problema de convivencia que tenemos y que se incrementaron debido al covid, es importante dejar claro el mensaje de que no solo deben ser enfrentados desde la parte estatal, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica es un compromiso de la sociedad, de la familia, las escuelas, de las universidades, de las juntas de vecinos, de las organizaciones es instituciones de la sociedad civil”, subrayó.
El director de Participación Ciudadana señaló que en diferentes estudios se menciona la pobreza como punto de origen y factor que incide en la inseguridad. No obstante, apuntó que no se puede quedar en la mente de las personas que la pobreza o que los sectores de bajos recursos son un foco fundamental de la violencia, porque, a su juicio, ahí hay mucha gente de bien, donde más del 80% son personas dignas que salen a trabajar y que ayudan al desarrollo social de la nación.
Indicó que los conflictos generados en la convivencia son los que provocan la mayor cantidad de homicidios. Además, explicó que los estudios realizados por Participación Ciudadana y los presentados durante el seminario internacional por importantes investigadores que plantearon las experiencias traídas de sus países, demostraron que la seguridad es un asunto multisectorial y por lo tanto debe ser un compromiso de todos.

Propone ley contra el crimen organizado
Al exponer en el mismo escenario, el experto en seguridad nacional, Ricardo Nieves, demandó del Congreso Nacional que legisle a favor de una ley general contra el crimen organizado, no solo contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos afines, sino para el gran desafío de las mafias y las sociedades criminales a gran escala.
Agregó que asimismo el país necesita la aprobación del nuevo código penal que, a su juicio, no ha sido aprobado por diferencias con el tema de las tres causales para permitir el aborto, cuando en países desarrollados y destacados por su orden tienen hasta más causales acogidas.