PRINCIPALES
Desertificación y sequía, amenazan seguridad hídrica y alimentaria RD
SANTO DOMINGO.-El 70 por ciento del territorio dominicano registra riesgo de desertificación y sequía, mientras que el vecino Haití ronda el 94 %, lo que significa en este último caso la presencia de grandes proporciones de terrenos desérticos y menos de uno por ciento en su cobertura forestal.
“Nosotros como país tenemos entre tierras secas y muy áridas, áridas-semiáridas y con poca humedad el 70 por ciento del territorio lo que nos hace vulnerable a ese fenómeno y son impostergables las acciones que hay que tomar a ahora porque el cambio climático está causando efectos a nivel global”.
Conmemoración
Ese planteamiento lo hizo Juan Fulvio Ureña, exviceministro de Suelos y Aguas Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a propósito de la conmemoración este sábado 17 de junio del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y Sequía.
Este serio problema consiste en la degradación de los suelos fruto de la deforestación de los bosques, la salinización, falta de agua y una sobreexplotación de los acuíferos.
El ingeniero agrónomo, refiere que República Dominicana esta entre los 10 a 12 países más vulnerables ante el calentamiento global y las condiciones de desertificación ponen en peligro la sostenibilidad a largo plazo de las riquezas y disponibilidad de los recursos naturales que garantizan la vida a la población.
Fulvio Ureña afirma que ese fenómeno se da a nivel global y nacional por la falta de conciencia, cambio y mal uso de los suelos; la agricultura intensiva sin dar espacios a cambios estructurales en el manejo de cultivos y combinación de estos, como además por la excesiva y desmedida aplicación de químicos fertilizantes y pesticidas de una manera desordenada en los cultivos.
Crear un centímetro de suelo a la naturaleza en términos generales le toma mil años, tiempo en que los microorganismos se van descomponiendo en materia orgánica y convirtiéndose en ese recurso.
Acciones
“Debe hacerse un plan a corto, mediano y largo plazo, identificando las áreas que se pueden trabajar de manera inmediata, tratando de que nuestra nación sea más resiliente ante el cambio climático y las consecuencias que esto implica”, dijo.
El experto entiende hay una gran necesidad de que entre en vigencia la Ley de Ordenamiento de Territorial que todavía se sigue discusión, y el marco legal que trace las pautas a seguir. Plantea un régimen de consecuencias en aquellos que violen las normativas establecidas para un mejor aprovechamiento del suelo.
Alimento vs. Agua
Insistió en que se necesita asegurar y tener independencia alimentaria, aparte de darle a la población, seguridad hídrica, es decir, garantía de agua potable en sus hogares y de otros usos.
Impulsar el ordenamiento de la administración y uso de agua, fortaleciendo los sectores que tienen que ver con ese recurso, tomando en cuenta que las consecuencias del cambio climático son drásticas en esta parte del hemisferio por ser un país tropical, una isla pequeña y una población que hace presión hacia los recursos naturales.
“Faltan medidas simples como es restaurar la caficultura nacional asegurándoles la asistencia y desarrollo a las familias en las áreas pendientes y que puedan ser cubiertas las cuencas altas y medias, y se proteja así con producción de agua y recuperen las áreas degradadas”, precisó Ureña.
Dijo se debe empezar un trabajo serio de asistencia de gestión y coordinación con los organismos públicos y privados para que el suelo pueda ser usado lo más óptimo posible.
Uso agroquímicos
Insistió en que falta reglamentar el uso excesivo y desmedido fertilizantes y pesticidas. Por igual hacer un banco de germoplasma de las especies arbóreas de bosques secos y a partir de ahí implementar políticas de recuperación de esas grandes áreas e infraestructuras para mejorar uso de los suelos con técnicas amigables con el medio ambiente.
Conmemoración
— Convención
Naciones Unidas en su convención del 17 de junio de 1994 firmó el tratado de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Francia. El mismo se ratificó en 1996 en la XXI Conferencia del Río por 128 países, hoy figuran 197.