ADOCCO pide al Presidente Abinader revocar la designación de Carlos Pimentel en Alianza Público-Privada

SANTO DOMINGO. La organización Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) ha solicitado formalmente al presidente Luis Abinader que revise y revoque el decreto mediante el cual se designó a Carlos Pimentel como Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, advirtiendo que la medida sería contraria a la Constitución y a lo estipulado en la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.

A través de una publicación colgada en su cuenta de X, ADOCCO argumenta que la doble designación de Pimentel vulnera el Artículo 19 de la Ley 47-20, que establece claramente que el Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, “no desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza con excepción de la actividad docente”. Esta disposición busca garantizar una dedicación exclusiva del director a las funciones de la entidad, evitando así conflictos de interés.

Según la organización, esta designación genera un conflicto institucional en el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, donde el Director General de Contrataciones Públicas y el Director Ejecutivo de Alianzas Público-Privadas interactúan en la toma de decisiones clave. La presencia de Pimentel en ambos roles podría afectar la imparcialidad en los procesos de diseño y estructuración de proyectos, y comprometer la transparencia en las decisiones de adjudicación.

ADOCCO también señala que el carácter honorífico de esta designación no elimina la violación a la normativa, y afirma que la Ley 47-20 fue creada precisamente para asegurar que quienes ocupen estas posiciones mantengan una dedicación exclusiva. Por tal motivo, ADOCCO urge al presidente Abinader a que, en respeto a la institucionalidad y a la Constitución, revoque la designación de Carlos Pimentel y rectifique este decreto.

Esta solicitud se enmarca en la defensa de la transparencia y la legalidad, valores fundamentales para fortalecer la democracia y el compromiso de una gestión pública eficiente y libre de conflictos de interés.