Gobierno contrata a Esquea Guerrero para analizar el contrato del “peaje sombra”

La consultoría jurídica del Poder Ejecutivo contrató a Enmanuel Esquea Guerrero como abogado independiente para analizar el contrato del “peaje sombra” y dar una opinión consultiva en lo referente a la negociación que tiene el Estado con el Consorcio Autopista del Nordeste.

Previo a que la Consultoría Jurídica confirmara la información, su titular, Antoliano Peralta, dijo en el programa Matinal, que hasta el momento a su despacho no se le ha consultado respeto a los puntos abordados en la negociación por la comisión de instituciones del Estado, encabezada por el Ministerio de Hacienda, pero que él tiene instrucciones para contratar la opinión legal de un abogado externo.

“Es sencillamente para dar una consulta”, refirió el funcionario en lo que respecta a la contratación de la firma de abogados de Esquea Guerrero.

Peralta, explicó además, que la administración Abinader está siempre en la disposición de negociar con las empresas o entidades que tengan contratos no beneficiosos para el país, antes de abocarse a un litigio internacional en materia de arbitraje.

“En ese y en todos los casos en los cuales el Poder Ejecutivo se ve envuelto en un conflicto o reclamación, por lo menos en esta administración, en esta consultoría, siempre tratamos de buscar una salida consensuada, negociada, que no perjudique al Estado y solo si no es posible, entonces vamos al arbitraje o al conflicto judicial”, respondió cuando se le preguntó si como Gobierno están más interesados en negociar con el Consorcio Autopista del Nordeste antes de ir a un litigio internacional.

Durante su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader informó que se estudia la vía legal para buscar una solución a la carga económica que representa para el Estado el pago del llamado “peaje sombra”, por el cual se han pagado RD$26,835 millones de pesos, en 13 años, a la empresa Autopista del Nordeste.

Abinader dijo que el peaje sombra representa un gran peso económico para el país, por el que el Estado se ha visto en la obligación de pagar miles de millones de pesos como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria.