La justicia de Bolivia impone cuatro meses de prisión preventiva a la expresidenta Jeanine Áñez

Los exministros de Justicia y de Energía también permanecerán en la cárcel por los sucesos que condujeron a la salida del poder de Evo Morales a finales de 2019

Una jueza de Bolivia ha dictado cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta Jeanine Áñez. La antigua mandataria está acusada de “sedición y terrorismo” por los sucesos que condujeron a la salida anticipada de Evo Morales del poder a finales de 2019. Álvaro Coímbra, exministro de Justicia, y Rodrigo Guzmán, antiguo responsable de Energía, también permanecerán en la cárcel durante cuatro meses.

“Me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, escribió Áñez en su cuenta de Twitter, tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar que se desarrolló a través una plataforma tecnológica. La Policía de Bolivia detuvo en la madrugada del sábado a la expresidenta. La detención ocurrió horas después de que la justicia del país sudamericano ordenara su captura.

También se dictaron órdenes de aprehensión contra cinco exministros de Áñez. Dos de ellos fueron arrestados en la región boliviana de Beni. Los controvertidos ministros de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, están fuera de Bolivia desde que el Movimiento al Socialismo (MAS) ganó las elecciones el año pasado.

El día que la cúpula militar forzó la salida de Morales en una conferencia de prensa quedó registrado en vídeo en 2019. Allí el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, “sugirió” al presidente que renunciara a su mandato “permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de Bolivia”. El militar justificó que tomaban esa posición por la “escalada del conflicto” que atravesaba el país frente a las protestas por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de octubre.

Kaliman es ahora buscado por presuntos actos de “terrorismo, sedición y conspiración”. También se busca al general Sergio Orellana que, como sucesor de Kaliman, ocupó el mando de las Fuerzas Armadas cuando la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina del país. Orellana debe responder además por la muerte de 30 personas en unas protestas contra la mandataria interina que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Por este último caso, un comandante militar y uno policial se encuentran bajo detención domiciliaria. Según las investigaciones de la policía, el excomandante Orellana abandonó el país a finales del año pasado y ahora vive en Colombia.