Allanan la vivienda y las oficinas del ministro de Medio Ambiente de Brasil por la presunta exportación ilegal de madera a EE.UU. y Europa

Además, el juez determinó la destitución preventiva del presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) y la de otros nueve agentes públicos que ocupan posiciones de confianza en esta entidad.

La Policía brasileña allanó este miércoles la vivienda y las oficinas del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en el marco de una operación que investiga la supuesta exportación ilegal de madera a EE.UU. y Europa.

La investigación fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), quien determinó el quiebre del secreto bancario y fiscal de Salles, así como la destitución preventiva de Eduardo Bim, presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), y la de otros nueve agentes públicos que ocupan posiciones de confianza en esta entidad.

Al menos 160 policías federales cumplieron 35 allanamientos en el distrito Federal, Pará y Sao Paulo, entre los que destacan la residencia del ministro en Sao Paulo, otra en Brasilia y las oficinas del Ministerio.
“Cargas ilegales”

El magistrado también determinó la suspensión inmediata de un despacho emitido en febrero de 2020 por Ibama, que permitía la exportación de productos forestales sin necesidad de emitir autorizaciones.

“Se estima que el referido despacho, elaborado a pedido de empresas que tuvieron cargas no licenciadas aprehendidas en EE.UU. y Europa, resultó en la regularización de más de 8.000 cargas de madera exportadas ilegalmente entre los años de 2019 y 2020”, informó la Policía.

Según la Policía, las investigaciones comenzaron en enero tras informaciones obtenidas de autoridades extranjeras que notificaron “un posible desvío de conducta de servidores públicos brasileños en el proceso de exportación de madera”.
El mes pasado, el superintendente policial del estado de Amazonas, Alexandre Saraiva, pidió una investigación contra Salles y el presidente de Ibama por presuntamente entorpecer la actuación fiscalizadora del Gobierno en relación con delitos ambientales, como la tala ilegal. Tras la denuncia, Saraiva fue retirado de su cargo.