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Conozca a los siete encartados en la Operación Nido; acusados de venta fraudulenta de cientos de apartamentos
Hay 147 víctimas o querellantes contra Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
Un total de siete personas y dos estructuras comerciales fueron acusadas por el Ministerio Público, en la operación denominada “Nido”, de formar parte de una estructura delictiva que habría captado cientos de millones de pesos con la venta fraudulenta de apartamentos en el Gran Santo Domingo.
De acuerdo con el documento de medida de coerción, hasta este momento hay 147 víctimas o querellantes contra Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, los implicados, todos dominicanos y mayores de edad.
Las empresas con las que trabajaban, supuestamente en terrenos que no eran de su propiedad y sin permisos de construcción, eran la “Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL”, representada por sus socios, los encartados Emmanuel Rivera Ledesma y María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán, y “CRD Equipos Pesados, SRL”, representada por los también señalados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa.
Los fiscales que han investigado el caso señalan que el grupo habría creado una estructura con apariencia de empresa, desde donde dirigían todo el entramado para darles a las personas confianza y seguridad; además, vendieron más de una vez la misma unidad de apartamento y utilizaron audiovisuales para aparentar entregas de vivienda a víctimas, pero… ¿qué hizo cada uno?
LOS IMPLICADOS
El imputado Emmanuel Rivera Ledesma es señalado como el principal cabecilla de la red y, de acuerdo con el Ministerio Público, amenazaba, insultaba e intimidaba a las víctimas, “ante quienes presumía de sus supuestos contactos dentro y fuera del sector justicia”.
El órgano persecutor indicó que Rivera Ledesma, conjuntamente con el resto de los implicados, creó desde el año 2019 la estructura con el fin de estafar a cientos de personas en territorio dominicano y en el extranjero, aprovechando de este último grupo que, en vista que, al no estar en República Dominicana, no podrían ver los retrocesos o inexistencia de los proyectos de construcción utilizados como maniobra fraudulenta, tenían mayor facilidad.
“El imputado Emmanuel Rivera Ledesma se presentaba y entregaba tarjetas de presentación con la calidad de arquitecto, calidad que no tenían ninguno de los investigados conforme al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología y el Colegio de Ingenieros, Arquitectos, y Agrimensores CODIA, por lo que dichas calidades eran falsas”, indica el archivo.
El Ministerio Público sostiene que todo era con la intención de vivir una vida de lujos y gastos, “afectando no solamente el patrimonio de la mismas, sino también su estado emocional y psicológico, familiar y laboral, impactando también la imagen del país en el sector de las inversiones inmobiliarias y por lo tanto el sistema económico nacional”.
“La alta gerencia de la organización gastaba millones de pesos en cuestiones personales, utilizando los recursos captados de las víctimas a través del esquema fraudulento de estafa. Utilizando dicho dinero para hacer gastos excesivos en productos financieros, restaurantes de lujo, vehículos de lujo, turismo y viajes nacionales e internacionales”, se lee en el expediente.
De forma específica, Rivera Ledesma; su hijo, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo; la esposa del mismo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa; Mirna Catalina Rivera Ledesma; Maria Gabriela Rivera Pichardo; y Juan Omar Rosario López, habrían sido los encargados de instruir y exigir a las víctimas del negocio depositar en transferencias de depósitos cuentas registradas en el Banco Popular Dominicano, a nombre de la empresa CRD Equipos Pesados; a pesar de que el contrato de compra y venta era con la compañía Indisarq S.R.L. (que no tenía productos financieros).
En el caso de los presos Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, habrían obtenido también un beneficio económico directamente de mano de los querellantes, solamente en las entidades financieras.
