Todos los grupos parlamentarios, menos Vox, se muestran a favor de sacar adelante la iniciativa legislativa popular. El trámite parlamentario del texto podrá ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los partidos

El pleno del Congreso aprobará, con el apoyo del PSOE y sus socios parlamentarios, la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 extranjeros que residen en España, a la que el PP no se opondrá.

El diputado de Junts en el Congreso Josep María Cervera ha confirmado durante el debate en la Cámara Baja que votará a favor de tramitar la iniciativa, que cuenta con el respaldo de más de 600.000 firmas, lo que permitirá, junto a los votos del PSOE y el resto de socios parlamentarios, que sea tramitada en la Cámara Baja.

Lo hará por «respeto» a las alrededor de 900 entidades sociales promotoras de esta iniciativa y las más de 600.000 firmas recogidas, pero estudiará en los pasos siguientes de la tramitación parlamentaria su posicionamiento definitivo sobre esta cuestión, ha matizado.

Por su parte, la diputada del PP Sofía Acedo ha planteado grandes reservas sobre la iniciativa, desde cuestiones técnicas hasta un potencial efecto llamada, pero ha informado que su grupo «dará salida» a la toma en consideración de la propuesta, sin aclarar si el grupo dará el sí o se abstendrá en la votación que tendrá lugar esta noche.

Ahondar en el debate sobre este fenómeno servirá para, entre otras cosas, «retratar al Gobierno» acerca del número de personas que hay en situación de irregularidad en España y los motivos que les ha llevado a esas circunstancias, según ha defendido.

El PSOE ya había confirmado que apoyaría que se tramite la ILP para enmendarla después, sin que haya detallado en qué sentido: «No vamos a jugar ni a la barra libre ni al cierre de fronteras», ha señalado su portavoz, Patxi López, al ser preguntado por los puntos susceptibles de modificación.

También en sendas comparecencias ante los medios, los portavoces de Sumar y Podemos habían confirmado su voto a favor de la toma en consideración de la iniciativa, como han hecho durante el debate ERC, Bildu y BNG, al mostrar un apoyo expreso al fondo de la propuesta.

Fuentes de Coalición Canaria han adelantado a EFE que votarán a favor de que se tramite la propuesta.El PNV, en palabras de su diputado Mikel Legarda, ha adelantado el «sí» de sus diputados pero ha matizado que, para su grupo, la propuesta deberá reorientarse hacia una regularización extraordinaria, «caso a caso».Por su parte, la diputada de Vox Rocío de Meer ha reiterado su negativa, al aludir a un potencial efecto llamada y relacionar inmigración irregular con inseguridad, unas palabras que, posteriormente, han sido tachadas de «discurso de odio» por la diputada socialista Elisa Garrido.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha ido más allá y ha señalado, en rueda de prensa antes del debate, que si el Congreso finalmente aprueba tramitar esta iniciativa, su formación instará a la creación de una comisión de seguimiento con los grupos políticos y los ministerios involucrados en este proceso de regularización.

«No vamos a permitir que se apruebe hoy para después meterse en un cajón», ha defendido.Esta iniciativa comenzó su andadura hace más de dos años con una gran campaña de recogida de firmas y su objetivo es dar al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021.

Según sus promotores, esto acabaría con la vulneración de los derechos fundamentales de estos migrantes, que cifran en alrededor de 500.000, y las barreras que les impide contribuir económica y fiscalmente a la sociedad, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.

La comisión promotora de la iniciativa la formaron la red #RegularizaciónYa, Fundación para la Ciudadanía Global, Fundación Por Causa, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), Alianza para la Solidaridad y el partido Por un Mundo Más Justo.Esta propuesta ha recibido el respaldo de numerosas oenegés y asociaciones vinculadas a la inmigración y de otros sectores de la sociedad, como la Iglesia católica.