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Servidores públicos de la Contraloría acusan a la institución de retener incentivos por seis años
La Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR) acusó este martes a esa entidad de incumplir, desde hace seis años, con el pago de incentivos de rendimiento individual que suman más de RD$300 millones.
El gremio asegura que, a pesar de existir normas y disposiciones que obligan a entregar estos pagos antes de finalizar cada año, los montos correspondientes a 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 siguen pendientes.
Demanda
La ASP-CGR, representada por el abogado Oliver Batía, demandó a la Contraloría ante el Tribunal Superior Administrativo. En el recurso, también se reclama el pago de una deuda total de RD$580 millones por incentivos no entregados a empleados de carrera administrativa.
“Esto no es un simple retraso administrativo, es un abuso sistemático contra servidores públicos de carrera que han cumplido con su labor y han superado las metas exigidas. Es hora de que la Contraloría cumpla la ley y respete a su gente”, señaló Batía.
El representante legal recordó que el derecho a estos pagos está amparado por la Ley 41-08 de Función Pública, los Decretos 523-09 y 527-09, así como resoluciones del Ministerio de Administración Pública (MAP).
Advertencia
La asociación también advirtió que podrían iniciarse procesos legales contra el contralor Félix Antonio Santana García, el director de Presupuesto José Rijo Presbot y funcionarios del MAP, por supuesta complicidad en la retención de los fondos.
Lo que establece la normativa
La normativa vigente establece que todas las empresas deben cumplir con ciertos requisitos para operar legalmente. Estos requisitos incluyen la obtención de licencias, el cumplimiento de regulaciones ambientales y la garantía de condiciones laborales justas para los empleados.
Además, es fundamental que las empresas mantengan registros financieros precisos y presenten informes anuales a las autoridades competentes.
Por otro lado, la normativa también exige que las empresas implementen políticas de seguridad para proteger la información confidencial de sus clientes. Esto incluye el uso de tecnologías de encriptación y la capacitación de los empleados en prácticas de seguridad cibernética.
El incumplimiento de estas normativas puede resultar en sanciones severas, incluyendo multas significativas y la suspensión de operaciones.
En el ámbito internacional, las empresas que operan en múltiples países deben estar al tanto de las regulaciones específicas de cada región.
Por ejemplo, la Unión Europea tiene directrices estrictas sobre la protección de datos personales bajo el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Cumplir con estas normativas no solo es una obligación legal, sino también una práctica que fortalece la confianza de los consumidores en la empresa.
La Ley 41-08 define que la evaluación del desempeño de los servidores públicos es el mecanismo para otorgar incentivos económicos, académicos o morales, así como para decidir promociones y ascensos.
El Decreto 523-09 garantiza el derecho a recibir estímulos e incentivos institucionalizados, mientras que el Artículo 47 precisa que deben estar previstos en leyes, decretos o resoluciones y contemplados en el presupuesto.
Por su parte, el Decreto 527-09 asigna al MAP la tarea de aprobar las estructuras de cargos y revisar el sistema de remuneración antes de incluirlo en el presupuesto. En su Artículo 37 establece que los incentivos deben basarse en mérito, metas y resultados evaluados.
A esto se suman las resoluciones No. 100-2018, No. 041-2020, No. 089-2024 y la circular No. 0035105, que refuerzan la obligatoriedad de estos pagos.
“En total, el daño asciende a más de 800 millones de pesos y con esta demanda queda en evidencia la grave falta de transparencia y el irrespeto a las leyes laborales dentro de la propia institución que debería ser garante del buen uso de los fondos públicos”, concluyó Batía.
