Aplazan para este viernes a 10:00 am conocimiento medida de coerción contra imputados “Operación Coral”

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) aseguró que el aplazamiento de la medida de coerción de los implicados en el caso Operación Coral se produjo porque la cantidad de pruebas con las que cuenta el Ministerio Público ha resultado abrumadora para las defensas.

Camacho entiende que las pruebas son abrumadoras y permitirán que el próximo viernes, a las 10:00 de la mañana, el tribunal imponga a los acusados la prisión preventiva, la cual es la medida cautelar que están solicitando.

“Se ha aplazado a solicitud de la defensa que ha reconocido que la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público son abrumadora y fulminantes para la defensa y permitirán al tribunal, el próximo viernes, a partir de la 10:00 de la mañana imponer prisión preventiva”, expresó Camacho.

En tanto que el abogado Cristian Jiménez, defensa del principal imputado del caso, el mayor general Adán Cáceres, dijo que el Ministerio Público deberá probar en el tribunal las acusaciones que está realizando en su expediente. Evitó entrar en detalles hasta que le notifiquen las pruebas que autorizó el tribunal.

En tanto que el abogado Félix Portes, defensor del coronel Rafael Núñez de Aza, explicó que el tribunal también ordeno al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que le permita a los abogados reunirse con sus clientes para presentarles las pruebas y socializar la estrategia de defensa.

“Se le va a dar a cada abogado tres horas para que su representados puedan ver el legajo probatorio de más de 256 pruebas que están en digital para que puedan hacer su defensa material”, expresó Portes.

La audiencia de medida de coerción en contra del los implicados en el caso Operación Coral no pudo conocerse este miércoles y lo aplazaron para el próximo viernes debido a que las defensas de los imputados pidieron que le notificaran algunas de las pruebas que el Ministerio Público dice tener en contra de sus clientes.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia, Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Acusación

De acuerdo con el Ministerio Público, este grupo formaba parte de una red de corrupción estructurada por Adán Cáceres. Supuestamente, este alto oficial nombró a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep y les asignaba sueldos de entre los RD$20 mil y RD$70 mil mensuales, pero estos debían entregarle hasta el 80 % del monto. Estaban en la nómina, pero no trabajaban.

Mientras que la pastora Rossy tenía varias empresas que eran utilizadas para lavar dinero defraudado al Estado.

El coronel Rafael Núñez de Aza, supuestamente era el brazo financiero que servía a la red para mover grandes cantidades de dinero sin ser detectados por las autoridades.

Los demás supuestamente servían como testaferros y se encargaban de recolectar dinero en las instituciones en las que operaba la estructura criminal.