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Juez aplaza audiencia caso Jet Set para marzo
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó este lunes la audiencia preliminar del denominado caso Jet Set, proceso judicial que continúa en su fase inicial.
La audiencia se reprograma para el próximo 16 de marzo, según dispuso el magistrado, sin que se entrara al conocimiento del fondo del expediente durante la jornada celebrada este lunes.
El caso Jet Set continúa bajo conocimiento del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, órgano encargado de evaluar los elementos presentados por las partes antes de determinar los próximos pasos judiciales.
La decisión se toma con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos procesales y permitir que las partes involucradas completen la revisión de los elementos probatorios presentados en el expediente.
Mejía estimó que en estas dos jornadas se podrá conocer esta fase del caso, que cuenta con 346 víctimas querellantes.
Peritaje de los Espaillat
Asimismo, el juez fijó para el próximo 30 de enero la audiencia en la que Antonio y Maribel Espaillat solicitarán autorización judicial para realizar su propio peritaje a las ruinas del colapsado centro nocturno, parte de la estrategia de la defensa dentro del proceso penal.
Desafíos logísticos
La convocatoria a la audiencia preliminar tuvo que enfrentar, a primeras horas de la mañana de este lunes, desafíos logísticos y de seguridad. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que tomar medidas preventivas ante una convocatoria de manifestación en las inmediaciones del Palacio de Justicia, restringiendo el acceso con vallas metálicas y oficiales distribuidos en toda las inmediaciones.
Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat ingresaron a la sede judicial por la puerta trasera. Posteriormente, ingresaron al salón de audiencia en medio de gritos de reclamo y justicia.
Desde la imposición de las medidas coercitivas, los hermanos Espaillat solicitan un nuevo peritaje que establezca las causas del colapso. Sin embargo, esta solicitud, el pasado mes de noviembre, la declinó un juez ante el hecho de que el Ministerio Público presentó formal acusación.
El Ministerio Público tiene un total de 338 pruebas que buscan condenar a los imputados por homicidio involuntario. Se trata de la calificación jurídica que muchos no comparten por la irrisoria pena de dos años de prisión que acarrea.
