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Exjuez destituido por irregularidades en casos de narcotráfico terminó vinculado a la red Rompeolas
Un juez destituido de sus funciones por irregularidades en el manejo de expedientes de narcotráfico y lavado de activos terminó convertido, según el Ministerio Público, en una pieza importante del entramado jurídico utilizado por una poderosa organización criminal para ocultar bienes, simular operaciones inmobiliarias y dar apariencia legal a una fortuna presuntamente acumulada mediante el tráfico internacional de cocaína.

Se trata de Teodoro Castillo, alias Adriano, quien fue juez de la Instrucción de Higüey hasta el 20 de abril de 2005, cuando la Suprema Corte de Justicia dispuso su destitución por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Veintiún años después, su nombre figura entre los 22 imputados en la Operación Rompeolas, mediante la cual las autoridades desarticularon una estructura a la que atribuyen haber movilizado más de siete toneladas de cocaína hacia Puerto Rico, con operaciones económicas estimadas en US$140 millones anuales.

De acuerdo con la acusación, el exmagistrado no intervenía directamente en el transporte de los cargamentos, sino en la utilización de instrumentos legales para ocultar a los verdaderos propietarios de bienes adquiridos con recursos supuestamente provenientes del narcotráfico.
Castillo ingresó al Poder Judicial el 2 de julio de 1998 y permaneció en esa institución hasta el 20 de abril de 2005, cuando fue destituido mediante la sentencia disciplinaria número 11 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Su último cargo fue el de juez del Juzgado de la Instrucción de Higüey, provincia La Altagracia.
Según la solicitud de medida de coerción, su separación estuvo relacionada con el manejo irregular de expedientes por narcotráfico y lavado de activos, incluyendo decisiones de no ha lugar en dos procesos que involucraban a seis extranjeros.

Entre los nombres mencionados en el documento aparecen Leone Ghhirardato, Seddik Abdemadek y Thomas Ninhaus, vinculados a procesos de narcotráfico, así como Dragoslav Yllic, Tony y Dejean Trisic, relacionados con lavado de dinero.
La Procuraduría Especializada Antidrogas incorporó como elementos probatorios tanto una certificación del Consejo del Poder Judicial, expedida el 19 de noviembre de 2026, como la sentencia disciplinaria que dispuso la destitución.
Después de su salida del Poder Judicial, Castillo continuó ejerciendo como abogado y notario, funciones desde las cuales, según los investigadores, terminó prestando servicios a la organización que habrían dirigido los hermanos Fausto y Yovani Candelario.
La acusación sostiene que su participación habría incluido la preparación de documentos, contratos de préstamos, hipotecas presuntamente simuladas y operaciones inmobiliarias mediante las cuales bienes pertenecientes a los dirigentes de la organización eran registrados a nombre de terceros.
Los fiscales le atribuyen también la elaboración de mecanismos jurídicos destinados a impedir que los prestanombres pudieran disponer libremente de las propiedades que figuraban a su nombre.

De esa manera, según el expediente, la organización habría conseguido mantener el control real de los bienes sin que sus principales dirigentes aparecieran necesariamente como propietarios ante los registros oficiales.
El Ministerio Público considera que esa función convertía al exjuez en un facilitador profesional del presunto lavado de activos, una actividad que requería conocimientos legales para estructurar y documentar las operaciones patrimoniales.Contratos inmobiliarios por más de 430,000 dólares
La investigación también incorpora documentos que lo vinculan directamente con operaciones patrimoniales de Fausto Candelario Ortiz.
Durante uno de los allanamientos realizados el 19 de noviembre de 2026, las autoridades encontraron en una caja fuerte varios contratos de compraventa de inmuebles suscritos ante el exjuez, en su condición de notario público de Higüey.
Entre ellos figuran dos operaciones entre la compañía Agropecuaria MIYU, C. por A., y Fausto Candelario Ortiz: una fechada el 8 de enero de 2024, por US$72,000, y otra del 20 de febrero de 2025, por US$358,956.
Ambos contratos representan operaciones por US$430,956, aunque la existencia de esas transacciones no demuestra por sí sola que los recursos utilizados fueran ilícitos.El expediente menciona, además, documentos legalizados por
Castillo relacionado con propiedades y actividades de Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos, empresa que los fiscales identifican como uno de los principales instrumentos utilizados para movilizar y administrar recursos de la organización. También intervenía en propiedades vinculadas a un regidor
La acusación atribuye al exjuez participación en gestiones relacionadas con bienes que presuntamente beneficiarían a Willy Manuel Zorrilla Domínguez, alias Willy Pachá, regidor de Higüey señalado como antiguo chofer y hombre de confianza de Fausto Candelario Ortiz.
Según el Ministerio Público, el 23 de septiembre de 2022 Fausto coordinó con Castillo la colocación de una vivienda a nombre de Zorrilla.
El trámite habría encontrado dificultades porque Zorrilla estaba casado y se requería documentación relacionada con su divorcio. Ante esa situación, Fausto habría instruido que su hermano Yovani decidiera a nombre de quién registrar la propiedad
