Compras y Contrataciones defiende licitación de yipetas valoradas en RD$6.4 millones ; dice fue autorizada por ministro administrativo de la Presidencia

Santo Domingo, RD

La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas defendió este martes el proceso de  licitación para adquirir dos yipetas, valoradas en RD$6.4 millones,  luego del decreto presidencial dirigido a la reducción de gastos del sector público.

Según la institución, la compra de estos vehículos no solo estaba contemplada dentro de su presupuesto, sino que la misma fue autorizada por el Ministro Administrativo de la Presidencia previo a la publicación del mandato del presidente Luis Abinader.

“La institución cuenta con la apropiación presupuestaria y la autorización emitida por el Ministro Administrativo de la Presidencia, fechada el pasado 14 de junio, es decir, previo a la emisión del Decreto 396-21, que prohíbe la compra de vehículos de motor durante el año 2021”, leía uno de los mensajes publicados en la cuenta de Twitter de Contrataciones Públicas.null

Asimismo, señala que también están en cumplimiento de la Ley 340-06, indicando que en el pliego de condiciones de la licitación no se especifica que las yipetas sean de una marca determinada, sino que cumplan con los requisitos de seguridad que piden.null

Según lo publicado, Compras y Contrataciones requieren un vehículo todo terreno que “garanticen el desplazamiento en todo el territorio nacional para el ejercicio de nuestras funciones y competencias”.

El proceso está previsto a iniciar el 6 de agosto con las propuestas técnicas; seguido por la apertura y lectura de oferta económica, el 30 de agosto; la adjudicación final el 3 de septiembre; y la suscripción de contrato, el 17 de septiembre.

Austeridadnull

Con el decreto 396-21, Abinader efectivamente limitó gastos relacionados con viajes al exterior, compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo y celebraciones.

La orden también restringe las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con  escasas excepciones.