NACIONALES
Informe revela cifra de 3,733 reclusos enfermos
Se establece que las tres principales enfermedades que aquejan a los privados de libertad son hipertensión arterial, diabetes mellitus I y II, y problemas psiquiátricas.
Un informe de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales establece que 3,733 de los 25, 641 reclusos en centros nacionales, hasta el 30 de mayo, padece algún tipo de enfermedad.
Los datos suministrados por la Dirección, a solicitud de Listín Diario, indican que las enfermedades que más prevalecen en los centros penitenciarios son la hipertensión arterial, la diabetes y las siquiátricas.null
Detalla que 1,458 sufre de hipertensión arterial; 681 de diabetes mellitus I y II, y 373 padecen otras enfermedades.
En cuanto a los males crónicos de salud, 108 tienen tuberculosis y 13 están en condición de resistentes a esta enfermedad.
Con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en los centros penitenciarios están registradas 343 personas, y 336 asmáticos.
Indica que otras enfermedades de menor prevalencia son el cáncer, con 9 privados de libertad afectados; 6 con insuficiencia renal; 18 isquémicos hemorrágicos, y 20 con enfermedades hepáticas.
EL INFORME DE 2022
Recientemente, la Defensa Pública dio a conocer un informe sobre las condiciones de los privados de libertad, en 2022, en el que estableció que 6,211 personas estaban afectadas de diversas enfermedades hasta diciembre de ese año, datos que fueron recogidos por Listín Diario en un reportaje, el 30 de mayo.
Luego, el director de la DGSPC, Roberto Basilio Hernández, cuestionó esos datos y señaló a la Defensa Pública que tienen las puertas abiertas “para evitar informaciones erradas o no contrastadas que pudieran terminar siendo reproducidas por medios de prensa y que, sin querer, en vez de edificar terminan distorsionando la realidad”.
Después, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, reaccionó defendiendo el informe.
PLAN DE ASISTENCIA MÉDICA
En el comunicado enviado a Listín Diario, las autoridades penitenciarias enfatizaron que la salud en los centros de reclusión es una prioridad para la institución y que siguen impulsando acciones en conjunto con otras entidades para continuar mejorando.
Destacó que ejecutan un plan de asistencia médica, seguimiento y monitoreo de la salud de los privados de libertad de todo el país, que incluye la implementación de programas de vigilancia y prevención de las enfermedades.
Indica que como parte del plan, el Departamento de Salud Física de la Dirección de Servicios Penitenciarios mantiene una supervisión continua de los programas de prevención en todos los recintos.
Resaltó el programa Estilo de Vida Saludable, que trabaja con la población privada de libertad, así como de patologías crónicas, y que incluye a las Personas Privadas de Libertad con Hipertensión Arterial Crónica (HTA), diabetes y calcemia, entre otras.
JORNADAS DE SALUD
Con relación a las enfermedades infectocontagiosas, como el VIH y tuberculosis pulmonar, la DGSPC precisa que desarrollan jornadas de detección, tratamiento y seguimiento de casos.
Expone que esas jornadas se realizan bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), a través de las oficinas provinciales, y con la colaboración del Consejo Nacional para el VIH/SIDA, CONAVISIDA, entidad que en la actualidad desarrolla jornadas diagnósticas en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria.
LA OPINIÓN DE LA UNPHU
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña consideró que se impone tratar de darle una solución al problema imperante en las cárceles dominicana.
La UNPHU señala, a través del Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que el Estado tiene una obligación reforzada de preservarles la vida y la salud tanto a los privados de libertad que están en condición de preventivos como de condenados.
Sostiene que esa obligación se la confiere el artículo 32 de la Constitución, que establece el derecho a la vida, debido a que los reclusos están bajo su guarda y cuidado.
Indica que el incumplimiento de esa obligación compromete la responsabilidad civil tanto del Estado como de los funcionarios obligados a ello, en virtud de lo que dispone el artículo 148 de la misma Constitución.
La academia instó a empoderarse del mandato legal y constitucional.
La Unphu se sumó a otras universidades que han brindado su respaldo a la creación de una mesa sectorial para abordar la problemática del hacinamiento en las cárceles y la sobrepoblación de reos preventivos.
