¿Quiénes son los doce nuevos imputados en el caso Calamar?

La Operación Calamar continúa sumergiendo sus tentáculos en las profundidades de la corrupción gubernamental. La Pepca ha presentado una acusación formal que apunta a un entramado millonario de estafas al Estado, que involucra a una docena de nuevos implicados.

En esta nueva fase, doce nuevos nombres se añaden a la larga lista de imputados en el escándalo que implica 41,000 millones de pesos presuntamente desviados de las arcas públicas. Entre los recientemente acusados se destaca Rafael Calderón Martínez, exsenador de Azua por el PLD durante el período 2016-2020.

Otros nombres que se suman al expediente son Omar Miqui, Rosa Arias, Marino Cabrera, César Santana, Mabel Mejía, Nathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla, Manuel Morilla Gil y Daniel Guerrero. La acusación también contempla a Princesa Ortiz, que pese a ser mencionada inicialmente, no enfrentó cargos en la primera fase.

Esta nueva oleada no solo trae nuevos imputados, sino que mantiene en su punto de mira a los presuntos cabecillas de la trama: exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, junto a otros acusados previos como Daniel de Jesús, Marcial Reyes, Ramón David Hernández y una larga lista de empresarios, funcionarios y presuntos testaferros.

Con más nombres que se suman al caudal de investigaciones, la Operación Calamar alarga esta presunta red de corrupción que habría permeado los más altos niveles del poder durante años. Pero, ¿quiénes son exactamente estos nuevos imputados y cuál fue su papel en el presunto desfalco millonario?

El Ministerio Público acusa a Rafael Calderón Martínez, exsenador por Azua, de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, estafa contra el Estado, uso de documentos falsos, soborno, financiamiento ilícito de campañas políticas y lavado de activos. Este supuestamente aprovechó su condición de legislador para captar personas con reclamos por deuda pública y obtener beneficios personales, al canalizar pagos irregulares a cambio de sobornos, en connivencia con funcionarios del Ministerio de Hacienda y allegados.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Rosa Arias Ruiz y su hijo, Omar Manuel Miqui Arias, enfrentarían cargos como autores y cómplices de estafa contra el Estado, por uso de documentos falsos, asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.

Arias Ruiz, notario público, supuestamente legalizó y certificó una firma falsificada en un acto de cesión de crédito, y le dio visos de legalidad. Esto permitió a su hijo, Omar Manuel Miqui Arias, representante de Miqui Trade, apropiarse indebidamente de valores no adeudados y estafar al Estado. Miqui Arias presuntamente falsificó la firma de Francisco Ortega, de ORLA Ingenieros y Equipos, para desviar fondos públicos destinados al pago de una deuda por la construcción de un centro penitenciario. Además, habría exigido un soborno del 45% del monto adeudado a Ortega. Para ello, según la acusación, se asoció con Rafael Calderón, que tendría vínculos con el entonces ministro Donald Guerrero.

En el caso de Marino Cabrera Ramón, cuyo nombre figura al menos 20 veces en la acusación, el Ministerio Público le acusa de servir de prestanombre para recibir fondos, asociándose con otros implicados para firmar cesiones falsas y cobrar sobornos relacionados con pagos por expropiaciones tramitados ante Hacienda. A esta lista se suma César Miguel Santana Martínez, abogado, cuyo nombre figura al menos 77 veces en el expediente, conforme el Ministerio Publico este colaboró en la instrumentación de cesiones de crédito ficticias, solicitó pagos por soborno de forma directa, firmó cesiones para recibir esos sobornos y asesoró a otros miembros en la comisión de la estafa. Como abogado, sujeto a la ley antilavado, habría movilizado activos para darles apariencia de legalidad. En cuanto a Mabel Sahina Mejía Citrón, el Ministerio Público la sindica como autora de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos. Presuntamente, se asoció con su esposo Edwin Oscar Brito Martínez y Rafael Calderón para firmar cesiones de crédito ficticias y cobrar sobornos destinados a la tramitación irregular de pagos por expropiaciones ante el Ministerio de Hacienda. Además figura entre los nuevos imputados, Nathaly Hernández Guzmán, empleada del Senado.
Se le acusa de servir de testaferro para recibir fondos provenientes del pago de sobornos, a través de cesiones de crédito ficticias sobre pagos por expropiaciones. Supuestamente, ocultaba que los beneficiarios reales eran el exsenador Rafael Calderón Martínez y la estructura criminal liderada por Ángel Donald Guerrero Ortiz, destaca el documento. Según el Ministerio Público, Natividad Martínez Capellán y Kimberly Zayas Martínez, madre y hermana de Edwin Brito Martínez respectivamente, sirvieron como prestanombres para recibir fondos provenientes de sobornos mediante el uso de documentos falsos y cesiones de crédito ficticias.

Presuntamente, se asociaron con otros implicados para firmar cesiones falsas, y cobrar sobornos vinculados a pagos por expropiaciones en el Ministerio de Hacienda. Habrían movilizado los fondos ilícitos recibidos para aparentar su legalidad, y utilizaron parte del dinero para pagar un préstamo hipotecario.

Igualmente, el Ministerio Público acusa a Manuel Milcíades Morilla Gil y a su padre, Manuel Milcíades Morilla Soto, de haber defraudado al Estado dominicano. Según el expediente, ambos recibieron pagos por expropiaciones de terrenos, sin ser legítimos beneficiarios, mediante el uso de documentos falsos y el pago de sobornos.

Ambos acusados, junto con Alejandro Constanzo, Ángel Lockward Mella y otros, operaban bajo la dirección de Ángel Donald Guerrero desde Hacienda, sostiene al organo acusador. Se les imputa haber recibido más de 669 millones de pesos del Estado por terrenos sin justificación legítima, de los cuales pagaron 435 millones de pesos en sobornos.

También figura en el expediente Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo de Ángel Donald Guerrero, está acusado por el Ministerio Público de realizar maniobras fraudulentas para estafar al Estado a través de la empresa Intercaribe Mercantil, la cual asumió cuando su padre fue nombrado ministro de Hacienda. A través de esta empresa, constituida en 2013 con el fin de suministrar AC-30 a las empresas de Mustafa Abu Naba’A, Guerrero Mena usó documentos falsos y simuló traspasos de acciones para ocultar a los verdaderos beneficiarios y obtener beneficios ilegítimos de programas destinados a contratistas del Ministerio de Obras Públicas, sin tener ningún contrato con este ministerio. Supuestamente, Guerrero Mena se asoció con su padre y con Gonzalo Castillo Terrero para extorsionar a Mustafa Abu Naba’A, al que exigió firmar un contrato en el que Intercaribe Mercantil proveería AC-30 al Ministerio de Obras Públicas como condición para que se le pagaran deudas pendientes. Utilizó líneas de crédito del Banco de Reservas, que obligaron al banco a pagar intereses generados por transacciones privadas, porque Intercaribe Mercantil nunca fue contratista del Estado. Durante la gestión de su padre como ministro de Hacienda, se emitieron libramientos a favor de su empresa por contratos gestionados ilegalmente. Guerrero Mena está acusado de usar documentos falsos, asociación de malhechores, extorsión, estafa contra el Estado y lavado de activos.

La acusación del Ministerio Público también incluye a Princesa Alexandra García Medina. Como directora del Departamento de Deuda Administrativa de Hacienda, García Medina presuntamente aprobó y celebró libramientos de pagos fraudulentos, omitió procedimientos legales y autorizó pagos indebidos. Ignoró las evaluaciones de sus técnicos, y se asoció con Donald Guerrero Ortiz y Ramón Emilio Jiménez. Como compensación, recibió un apartamento valorado en 160 mil dólares, afirma el MP.