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Grupo de empresarios visita Procuradora y respaldan lucha contra corrupción

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La procuradora general Miriam Germán recibió ayer a un grupo de empresarios, encabezados por los presidentes del Conep, Pedro Brache, y de la AIRD, Celso Juan Marranzini, acompañados del vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam. Junto a Germán estuvieron los procuradores adjuntos Rodolfo Espiñeira, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

La procuradora general, Miriam Germán Brito, reafirmó ayer el compromiso de su gestión con el fortalecimiento del sistema de justicia al recibir el respaldo de los principales representantes de los diversos gremios empresariales.
Germán Brito recibió una delegación encabezada por los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Pedro Brache y Celso Juan Marranzini, respectivamente. Ambos empresarios se hicieron acompañar del vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, mientras que Germán Brito recibió a la delegación en compañía de los procuradores adjuntos Rodolfo Espiñeira Ceballos, primer sustituto de la procuradora general de la República; Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Los directivos del Conep y la AIRD expresaron su respaldo a la gestión que encabeza la magistrada Germán Brito, en especial en los ámbitos del combate a la corrupción y la erradicación de la impunidad. Los empresarios también abogaron por el respeto del debido proceso y las reformas legales pendientes en República Dominicana.

Durante la conversación, Germán Brito consideró “muy gratificante el saber que los empresarios y los industriales de República Dominicana están preocupados y comprometidos con la erradicación de la corrupción y de la impunidad”.

Reiteró que seguirá esforzándose por la persecución de todo tipo de delitos con investigaciones que lleven a la estructuración de expedientes fundamentados que, además de seguir el debido proceso, faciliten el trabajo de los tribunales para aplicar sanciones.