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Conocerán hoy coerción a generales de la red 5G

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La magistrada Kenya Romero tiene previsto conocer este miércoles a las 10:00 de la mañana la medida de coerción a los 13 imputados del caso Coral 5G, luego de que ayer la Corte de Apelación rechazara la recusación que le hizo uno de los imputados en este expediente.

La solicitud para que la jueza fuera apartada del proceso fue hecha hace una semana por el general Julio Camilo de los Santos Viola, a través de su abogado Julio Cury, los mismos que ahora han apoderado a la Corte de una querella penal contra la magistrada acusándola de presunta prevaricación. Este asunto podría provocar una nueva suspensión.El expediente

El Ministerio Público está solicitando que a los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, se les impongan 18 meses de prisión preventiva y se declare el caso complejo.

Además, piden prisión para el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

La Procuraduría establece que el expediente cuenta con 700 pruebas documentales que lo hacen un caso blindado.

Entre las evidencias depositadas hay documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados, dice la Pepca.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.Sustraer fondos públicos

En el expediente del Ministerio Público de la primera y segunda fase de la Operación Coral, la Pepca establece que una de las principales fuentes de recursos ilícitos utilizada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).