En la  anterior Administración el Poder Ejecutivo instruyó a los organismos financieros del Estado y al contralor general de la República certificar los contratos a favor de Alexis Medina Sánchez,   y al entonces ministro de Hacienda Donald Guerrero a colocar los fondos para el pago de los suplidores, detalla la acusación del Ministerio Público.

El expediente acusatorio explica que la principal fuente de corrupción de la alegada organización criminal dirigida por el   imputado del caso  Antipulpo Alexis Medina Sánchez,   fue la adulteración de todas las licitaciones  y que  en ningún caso su empresa fue seleccionada previamente a participar en el proceso; sin embargo, en todos los casos obtenía informaciones previas y la mayoría de las veces se ejecutaba el proceso sin tener las características que requería el procedimiento aplicado.

El órgano acusador  añade que la red utilizó a la Fuerza Aérea Dominicana para almacenar los equipos mecánicos del parque de diversión Wonder Island Park, operando en la actualidad en Punta Cana, lo que asegura constituye una penosa demostración de hasta dónde llegaba el poder del acusado y hasta dónde llegó el tráfico de influencia y el irrespeto hacia la referida institución castrense.

Modus operandi

 Otro modus operandi del entramado, señala,  era la destitución de servidores públicos por ser correctos: en varias instituciones en las que operaban los miembros de la organización, fueron desvinculados  empleados que constituían obstáculo a su expansión económica.

“El Poder Ejecutivo instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos, y al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a colocar los fondos para el pago a los suplidores”, dice el MP.

 El acusado Víctor Encarnación y el investigado Fernando Crisóstomo se encargaban de localizar los contratos y actuar de intermediarios entre los titulares de los contratos y los contratistas que iban a equipar, amplía.

De la investigación se desprende que las  acciones corruptas cometidas por la red  eran replicadas como si se tratase de una política estatal que era cumplida en toda la administración, a saber: licitaciones por urgencia, para tratar de dar apariencias líticas a procesos que no tenían validez real sino aparente, ya que los ganadores se escogían antes de iniciar la licitación; falsificaciones de documentos públicos como los relativos a la distribución de medicamentos de altos costos, conduces, cubicaciones adulteradas, sobrevaluaciones de hasta un 90%, sostiene el órgano acusador.

La Procuraduría Especializada de Persecución de  la Corrupción Administrativa (Pepca) dice que también se utilizaron testaferros, nóminas adulteradas para colocar como empleados a personas que debían reembolsar los fondos, a cambio de retener un porcentaje menor del salario.

El Pepca observa que cada acto de corrupción que se materializa produce efectos indeseables sobre la sociedad y la institucionalidad.

“Las acciones corruptas cometidas por los acusados han impedido lograr objetivos de desarrollo establecidos por el Estado. La distorsión del proceso de decisión a favor de intereses particulares contamina el ambiente en el que se debe desarrollar la sociedad, en el que opera el sector privado y se desarrollan los proyectos nación”, dice para agregar que la corrupción aumenta los costos de adquisición de bienes y servicios públicos y privados, fomenta el irrespeto a la autoridad.

De acuerdo al expediente, los acusados no solo obtuvieron fondos procedentes de los delitos de corrupción, como desfalco y enriquecimiento ilícito, sino que cometieron el delito de lavado de activos, con el propósito de esconder el origen ilícito de los fondos obtenidos.

En 4 años Alexis Medina recibió más de 2360 millones de Salud Pública, Hacienda y otras entidades a través de una sola empresa

En 4 años Alexis Medina recibió más de 2360 millones de Salud Pública, Hacienda y otras entidades a través de una sola empresa

Según consta en el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Público sobre el caso Anti Pulpo, el hermano del ex presidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, recibió entre los años 2013 y 2017, a través de la empresa General Medical Solution A.M, un total de RD$2,369,715,318.7.

Según el documento, este pago fue desembolsado en diez libramientos por el monto de RD$236,971,531.87, desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), Hospital Central de las Fuerzas Armadas (HCFFAA), Ministerio de Hacienda (Deuda Pública) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

En la página 53, del expediente compuesto por 3445 hojas, detalla que la empresa General Medical Solution A.M., S.R.L., fue constituida el 20 de diciembre de 2004 pero fue hasta 2013 cuando Medina se volvió socio de la misma tras adquirir las acciones de su cuñado, Edgar Mejía Butten y otros socios fundadores.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, la sociedad “quedó a nombre de Alfranco International Holding Dominicana, S.R.L., César Ezequiel Féliz Cordero y Juan Alexis Medina Sánchez”, pero actualmente la integran Julián Esteban Suriel Suazo y el fenecido Omalto Gutiérrez Remigio, éste último ocupando el cargo de gerente de la empresa”.

Sin embargo, en el punto 2.2.23 de la misma página, la Procuraduría indica que obtuvo documentos en los que el único propietario de la empresa es Alexis Medina.

“El Ministerio Público obtuvo mediante allanamiento, los contra escritos del 15 de marzo de 2016, en los cuales ambos asociados reconocen de manera formal, expresa e irrevocable que el único propietario de la referida sociedad comercial es el señor Juan Alexis Medina Sánchez; que ellos le sirven como representantes ante dicha sociedad con todos los trámites y procesos que sean necesarios para la administración. Entre otras estipulaciones, los prestanombres reconocen no tener derecho alguno sobre la referida sociedad”, señala el expediente.

Asimismo indica que las iniciales A. M. al final del nombre comercial de la empresa, corresponden al nombre de “Alexis Medina”  y se encuentra registrado en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI).

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), recabó documentos fechados del 29 de febrero de 2016, donde los socios de General Medical Solution A.M., S.R.L, dan constancia de la renuncia de los socios, y aprueban la transferencia de las cuotas sociales a favor del acusado Juan Alexis Medina Sánchez y su hermana, Yadixa Ebelin Medina Sánchez.