Conozca a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional

¿Quién es Napoleón Ricardo Estévez, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional?

Este martes el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) anunció que Napoleón Ricardo Estévez Lavandier será el nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC).

Actualmente, Estévez Lavandier ocupa el cargo de juez en la Suprema Corte de Justicia, puesto que desempeña desde abril del año 2019. Cuenta con 24 años de ejercicio, y ha desempeñado su carrera en las áreas civil, comercial, penal, constitucional e inmobiliario.

Ocupó el cargo de Abogado Asistente de la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, y fue abogado ayudante de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia desde el año 2000 al 2006.

En el año 1999 se graduó de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y posee una amplia preparación sobre el derecho constitucional y civil con especialidades en Derecho Civil en la UASD, un magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y un postgrado en Derecho Procesal Civil; ambos titulados por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

De igual forma, es docente de la Pucmm, donde imparte la asignatura de Derecho de Garantías desde el año 2008; también desempeña esta función en la UASD y otras instituciones académicas de Derecho.

Es autor de las obras: ‘Ley No. 834 de 1978 Comentada y Anotada’, la cual cuenta con cuatro ediciones; ‘Índice de Jurisprudencia Civil’ (1998-2005); ‘La Casación Civil dominicana’ (2010); ‘Competencias Supremas: Jurisdicción Penal Privilegiada y Recurso de Revisión Penal’ (2012); ‘Derecho de las seguridades y garantías del crédito’ (2013) y ‘La apelación civil dominicana’ (2015).

Fidias Aristy Payano, de asesor en políticas antinarcóticas a juez del Tribunal Constitucional

Entrevistado el pasado 28 de noviembre por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Fidias Federico Aristy Payano, fue elegido este martes como nuevo juez del Tribunal Constitucional para un periodo de nueve años.

De acuerdo al perfil dado en su entrevista ante el CNM, es licenciado en Derecho y Ciencia de la Educación, mención ciencias sociales. Además ha estudiado Relaciones Internacional y Alta Gerencia en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

Tiene maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Público, Ciencias Políticas para el Desarrollo, por la Universidad de Castilla y la Universidad de Salamanca en España.

Desde el 2012 hasta el 2018 se desempeñó como maestro de la Escuela de Teología de la Universidad Católica de Santo Domingo.

Ha servido a los distintos gobiernos en posiciones públicas. Fue miembro de Dirección Legal del Senado de la República; secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), presidente del Consejo Nacional de Drogas y asesor del Poder Ejecutivo, “tanto en el anterior como en el presente gobierno en materia de políticas antinarcóticas”.

A través del decreto 651-20, fue designado por el presidente Abinader como asesor ejecutivo en políticas antinarcóticas.

Asimismo, mediante el decreto núm. 273-23, Abinader creó la Comisión Revisora de Contratos Relativos a la Disposición de Terrenos Propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Conozca a Sonia Díaz Inoa, una de las nuevas juezas del TC

Es una abogada, graduada como licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) en 1978, con experiencia en los tres poderes del Estado.

Laborando en el Poder Ejecutivo, fue subsecretaria de Estado de Trabajo para Asuntos de Género y Migratorios, directora del programa para ejecutar el Acuerdo Migratorio laboral entre la República Dominicana y el Reino de España.

Asimismo, fue asistente ejecutiva de la Secretaría Administrativa de la Presidencia y del director de la Oficina de Administración y Personal (ONAP).

En el Poder Judicial formó parte del grupo de profesionales que inició el proceso de modernización de la justicia dominicana a finales de los años 80 y principios de los años 90

También fue encargada del Proyecto Administración de Justicia, ejecutado con el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).

Igualmente estuvo encargada del Departamento de Capacitación del Poder Judicial y fue coordinadora de programas y abogada ayudante de la Suprema Corte de Justicia.

En cuanto el Poder Legislativo, fue consultora jurídica y asesora legal del Senado de la República; trabajó en la redacción de los Reglamentos de las Cámaras Legislativas y en la reforma constitucional de 1994 y fue directora legislativa de la Comisión de Modernización del Congreso Nacional.

De manera similar, se ha desempeñado en el área académica, teniendo cargos de docente en varias universidades

Fue docente y directora de la Escuela de Derecho de Unapec; directora general de Posgrado y Educación Permanente de la UASD; Docente y coordinadora de la Cátedra de Derecho Penal en Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, también en esa alta casa de estudios.

De igual modo, como académica, ha realizado investigaciones, consultorías y publicaciones sobre diversos temas, incluyendo derechos humanos, migración, género, y sobre los ámbitos legislativo y judicial.

EDUCACIÓN

Además de ser egresada en Derecho de la Pucmm; tiene grado de especialista en Justicia Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha; tiene un curso superior de Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en Alcalá de Henares, España.

Tienen un diplomado de Género y Educación: Formación Docente y Transversalidad de Género en el Quehacer de la UASD; una maestría en Administración Pública de la Pucmm; un máster en Protección de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá de Henares, y un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV).

Amaury Reyes Torres, el yerno de Miriam Germán y exempleado del tribunal que es juez del TC

El Consejo Nacional de la Magistratura hizo oficial la escogencia de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional, siendo uno de ellos Amaury Amílcar Reyes Torres.

De acuerdo con su perfil profesional, Reyes Torres cursó la carrera de derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y completó maestrías en derecho de regulación económica, en la misma universidad; derecho constitucional en la Universidad Iberoamericana y justicia y derecho internacional en Fordham University School of Law, NY; además de diversos diplomados en el ámbito de litigios, contratos y derecho público.

Completó títulos técnicos en “derechos humanos internacionales y derecho humanitario” de la Academia de Derechos Humanos internacionales y Derecho humanitario de la American University Washington College of Law.

LABORÓ EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Previo a esta designación como juez, Reyes Torres laboró en el Tribunal Constitucional como “Letrado de adscripción temporal”, donde desempeñaba funciones de estudio, informe o asesoramiento dependiendo el tema que se tratase.

“Fui parte del primer equipo fundador del TC, al servicio de los jueces y el secretario del Tribunal Constitucional en condición de letrado. Inclinado por la pedagogía constitucional, confeccioné e ideé el sistema de relatoría de sentencias, que sistematiza los criterios del Tribunal Constitucional, los sumarios y los índices temáticos que acompañan los boletines del Tribunal Constitucional”, detalló durante su evaluación ante el CNM.

Además es docente de la materia de derecho constitucional y teoría política, y de la materia procesos y procedimientos constitucionales en la Universidad Iberoamericana (Unibe); de la materia teoría y filosofía del derecho en la Pucmm; e interpretación constitucional en la maestría de derecho constitucional de dicha institución; por igual imparte clases en la Escuela Nacional de la Magistratura.

¿Quien es Army Esperanza, una de las nuevas juezas del del Tribunal Constitucional?

Durante las entrevistas públicas realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para nombrar nuevos jueces del Tribunal Constitucional, se evaluaron a múltiples candidatos.

Al final, fueron cinco los elegidos para ocupar estos cargos en el tribunal, entre los que se encontraban Army Esperanza Reyes.

Reyes es licenciada magna cum laude por la Pontificia Universidad Madre y Maestra (Pucmm), con una Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, ostenta una especialización en Derecho Penal y Procesal Penal con la máxima distinción académica otorgada por el Ministerio Público.

Posee un Postgrado en Derecho Fundamentals y Garantías Constitucionales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Como catedrática universitaria, imparte clases en la Pucmm y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el área de postgrado.

Reyes ha desempeñado roles en la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Desde el año 2003, trabaja en la Procuraduría de la República Dominicana, donde ha ocupado cargos como fiscal en Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional y en la Procuraduría de Cortes. Actualmente, ostenta el cargo de Procuradora Adjunta de la Procuraduría General de la República.null

En su rol actual, lidera la Unidad de Propiedad Intelectual y Radicación Ilícita, así como el Departamento de Análisis Legislativo de la Procuraduría.

A través de la evaluación, se destacaron algunas de las preguntas formuladas. Una de ellas indagó sobre las características que debe poseer un juez constitucional. 

En este contexto, Reyes argumentó que dicho profesional debe ser especialista en derecho constitucional y garantías, además de ser una persona capaz de comprender la dinámica de un órgano colegiado, ya que este impacta directamente en las acciones de los tres poderes del Estado.

Otra pregunta abordada por Reyes versó sobre la discriminación positiva y la cuota femenina en diversos ámbitos en la República Dominicana. Argumentó que esta práctica tuvo su origen en los Estados Unidos a mediados de la década de 1970, impulsada por un presidente que reconoció la necesidad de tomar medidas para reducir la brecha de desigualdad.

No obstante, señaló que su aplicación se ha extendido, y como país, debemos celebrar cuando se implementa una política pública de acción positiva a favor de las mujeres.