Poder Judicial acordó reintegrar y pagar RD$15.6 millones a jueza destituida

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) acordó reintegrar a Evelyn Torres Nova, destituida en 2018 por supuestas faltas disciplinarias, y pagarle 15.6 millones de pesos por salarios y beneficios dejados de percibir, según consta en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

El convenio fue firmado el 12 de enero de 2024, después de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) revocara la destitución y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantuviera la orden de restituirla y pagarle lo adeudado. El Consejo había llevado su oposición hasta el Constitucional, pero desistió de ese recurso tras alcanzar el acuerdo.

Mediante la sentencia TC/0892/26, del 8 de septiembre de 2026, el TC dejó constancia del desistimiento y archivó definitivamente el expediente. No examinó si la jueza había cometido las faltas atribuidas ni emitió una nueva orden de reintegro.

El origen de la destitución

Las acusaciones contra Torres Nova se relacionaban con su actuación como jueza y sus vínculos con el abogado Abel Rodríguez del Orbe. Según el Consejo, la magistrada recibió en su despacho al jurista, con quien mantenía una amistad, mientras tenía pendiente de fallo un caso en el que él intervenía.

El órgano sostuvo que Rodríguez del Orbe le había prometido un ascenso si decidía a su favor y que le entregó un escrito indicándole cómo resolver el expediente. Para el Consejo, la jueza debió apartarse del caso. También cuestionó movimientos bancarios que consideraba injustificados.

Por su parte, Bienvenido Rodríguez Durán presentó una querella penal y una denuncia disciplinaria contra la magistrada, a quien acusó de falsear los hechos de su proceso judicial. La querella fue archivada en enero de 2017 porque el Ministerio Público entendió que Torres Nova había actuado dentro de sus funciones como jueza.

Rodríguez Durán desistió de la denuncia disciplinaria en abril de 2018 y, al mes siguiente, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó que fuera declarada no culpable de las infracciones atribuidas. Pese a ello, el Consejo la destituyó el 1 de agosto de 2018 y posteriormente rechazó su solicitud de reconsiderar la sanción.

Por qué ganó el reintegro

La jueza acudió entonces al TSA. El 3 de junio de 2022, su Cuarta Sala revocó las resoluciones del Consejo y ordenó reintegrarla a su puesto o reubicarla bajo las mismas condiciones, además de pagarle los salarios y beneficios dejados de percibir.

Según los fundamentos reproducidos en la sentencia del Tribunal Constitucional, el TSA consideró que las pruebas no habían desvirtuado su presunción de inocencia. También cuestionó la valoración de movimientos financieros y la falta de razonamiento lógico para justificar la sanción.

El Consejo impugnó esa decisión ante la Suprema Corte. Sostuvo que la destitución no respondía al contenido de un fallo, sino a conductas de la magistrada. Alegó que recibió al abogado Abel Rodríguez del Orbe, con quien tenía amistad, y que este le habría prometido un ascenso y entregado un escrito sobre cómo decidir un caso.

• La Tercera Sala de la SCJ concluyó que las declaraciones examinadas no respaldaban la supuesta promesa de ascenso ni demostraban que el abogado le hubiera proporcionado instrucciones para fallar.

“Las transcripciones indican que la reunión se centró en que la jueza resolviera el caso, no en cómo resolverlo”, explicó la sala.

También sostuvo que la amistad con un abogado no implica automáticamente que una jueza pierda su imparcialidad ni basta, por sí sola, para exigir que se aparte de un proceso.

El 29 de septiembre de 2023, la Suprema Corte mantuvo el reintegro y la obligación de pago.

El acuerdo

El Consejo recurrió ante el Tribunal Constitucional en noviembre de 2023. Alegó que la sentencia de la Suprema Corte tenía motivaciones insuficientes y contradictorias, y pidió anularla y devolver el expediente para que se dictara otra decisión.

No obstante, en diciembre de ese año autorizó negociar un acuerdo, que fue suscrito al mes siguiente por Torres Nova y Jhonattan Toribio Frías, en representación del Consejo.

Según la solicitud de la magistrada reproducida en la sentencia, el convenio estableció su reintegro en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel y el pago de 15,658,400.03 pesos por salarios y beneficios dejados de percibir.

Las partes también pactaron desistir de las acciones y reclamaciones vinculadas con el caso. La sentencia no precisa si el reintegro y el desembolso ya se habían ejecutado.

Qué decidió el TC

En junio de 2024, la magistrada solicitó al Constitucional homologar el acuerdo, es decir, aprobarlo judicialmente, y archivar el recurso. El tribunal comprobó la voluntad del Consejo de desistir mediante el convenio y las certificaciones incorporadas al expediente.

Aunque la jueza pidió la homologación, el fallo del TC se limitó a dejar constancia del desistimiento, declarar que no correspondía examinar los argumentos del recurso y ordenar su archivo definitivo.