Denuncian está estancada ley promueve derechos de personas con autismo

La Fundación Unidos por la Neurodiversidad (UNEU) denunció ayer que la Ley 34-23 de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista (TEA) está estancada ante la falta de financiamiento y voluntad política.

La presidenta de la entidad, Maxi Feliz, indicó que la implementación de la norma sigue siendo una promesa incumplida debido a la escasez de profesionales capacitados en educación y salud, así como la ausencia de fiscalización efectiva de las medidas establecidas.

“En República Dominicana los avances han sido limitados y en muchos casos insuficientes. Por ejemplo, otro punto que tiene que ser atendido por las autoridades, es la desigualdad en el acceso a terapias y atención médica especializada”, puntualizó.

Feliz llamó a todos los sectores a sumarse al equipo de la fundación UNEU para hacer de esta lucha una causa país, porque la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto por la Neurodiversidad no son compromisos de algunos, sino una responsabilidad de todos.

“Esta lucha que llevamos a cabo a través de esta fundación por la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas con autismo no es una opción, es una necesidad que todos debemos reclamar y luchar por ella”, señaló.

La presidenta de UNEU propuso una serie de acciones concretas para garantizar la inclusión real de las personas con autismo en el país, entre las cuales destacó la creación de un Consejo Nacional para la protección de los derechos de las personas con TEA, establecimiento de un Ministerio de Educación Especial para promover la inclusión obligatoria en escuelas, así como la instalación de centros especializados en diagnóstico y orientación en distintas regiones del país.

Además, subsidio estatal para garantizar acceso gratuito a diagnósticos y terapias esenciales, implementación de tecnologías y plataformas digitales que permitan la conexión entre centros de salud y especialistas, otorgamiento de becas internacionales para la formación de profesionales en el tratamiento del TEA y la inclusión obligatoria de terapias en el sistema de seguridad social, cubiertas por los seguros médicos.