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Dos altos funcionarios señalados en denuncias por supuesta violencia contra mujeres en menos de siete días
Por Manuel Santos Mercedes
Santo Domingo.– En menos de una semana, dos altos funcionarios han sido denunciados por supuestos hechos de maltrato contra mujeres, en casos que ya se encuentran bajo evaluación del Ministerio Público.
El primer expediente corresponde a una querella formal con constitución en actor civil interpuesta contra el director general de Bienes Nacionales y director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Abraham Burgos Gómez, por presunta violencia de género y acoso sexual.
La acción fue depositada por Johanny Villamán Espino, quien se desempeña como subdirectora de Bienes Nacionales, ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. El documento fue sometido el pasado 20 de abril de 2026 por sus representantes legales.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre los hechos denunciados ni una reacción pública del funcionario señalado.
En un segundo caso, la periodista Cristal Acevedo presentó una denuncia contra el funcionario Santos Badía, por supuestos actos de violencia, hostigamiento y maltrato psicológico, tras una relación sentimental que se habría extendido por más de tres años.
De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, Acevedo señala episodios reiterados de conflicto, así como presuntas acciones que habrían afectado su entorno laboral, incluyendo contactos con terceros vinculados a su ejercicio profesional.
El caso fue canalizado ante la Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional y posteriormente remitido a la Dirección de Jurisdicción Privilegiada de la Procuraduría General de la República.
Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades emitieron una orden de alejamiento que prohíbe al denunciado establecer contacto directo o indirecto con la periodista, así como con personas de su entorno familiar y laboral.
Ambos procesos se encuentran en distintas fases y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar los pasos a seguir conforme a la legislación vigente en la República Dominicana.
