Jueza anunciará hoy medida de coerción contra implicados en Operación Coral

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, tiene previsto anunciar hoy, a las 11:00 de la mañana, su decisión sobre la solicitud de medida de coerción que conoce contra seis integrantes del supuesto entramado religioso-militar detectado en la denominada Operación Coral.

Cerca de la medianoche del jueves de la semana pasada, el imputado Alejandro Girón Jiménez dio detalles del denunciado entramado corrupto que podría poner tras las rejas a otros militares.

Ayer, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que el Ministerio Público desarrolla una serie de diligencias de investigación en las que sigue identificando bienes millonarios de todo tipo, adquiridos de forma ilícita por la alegada red de corrupción desarticulada con la Operación Coral.null

“Este caso puede sorprender a toda la sociedad porque se trata de una red de corrupción que, sin imponerse límites, se dedicó a sustraer de las arcas del Estado grandes sumas de un dinero que bien pudo ser utilizado para fortalecer el trabajo de organismos de seguridad y, sobre todo, para mejorar las condiciones laborales de los hombres y mujeres que sirven en esos cuerpos armados”, dijo Camacho.

La complejidad del Caso Coral, derivado de la operación de investigación, lleva al Ministerio Público a solicitar 18 meses de prisión preventiva contra los encartados hasta el momento en el expediente.

En el caso, que ha llamado la atención de la sociedad, figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante años el Cuerpo de Seguridad Presidencial; Rossy Guzmán Sánchez (pastora evangélica) y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza; el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Girón Jiménez.

El grupo es procesado por asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.