Gobierno aún no cumple con Ley de Autismo a tres años de promulgada

SANTO DOMINGO. La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció que este 5 de junio se cumplen tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), sin que el Estado dominicano haya ejecutado aspectos esenciales de la normativa, pese a su impacto sobre miles de familias en todo el país.

La organización sostuvo que, aunque la ley fue promulgada el 5 de junio de 2023, y posteriormente reglamentada mediante el Decreto 403-24 emitido en julio de 2024, aún permanecen pendientes medidas fundamentales para garantizar los derechos contemplados en la legislación.

Entre los principales incumplimientos señalados figuran la falta de una asignación presupuestaria específica, la ausencia de un registro nacional actualizado de personas con autismo y sus familias, la inexistencia de programas permanentes de formación de profesionales especializados y la carencia de una red nacional de servicios para atender a esta población. Además, muchas familias continúan enfrentando obstáculos para acceder a una educación inclusiva y a servicios especializados.

La Mesa recordó que en julio de 2025 el presidente Luis Abinader expresó que se procurarían recursos dentro del Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley durante 2026. Sin embargo, aseguró que las familias aún desconocen cuáles partidas, programas y acciones concretas se han destinado para hacer realidad los derechos establecidos en la normativa.

La entidad también destacó que los costos de evaluaciones diagnósticas, terapias especializadas, consultas médicas y otros servicios de apoyo siguen siendo inalcanzables para una gran parte de la población. Indicó que el programa Senasa Integra representa un avance, pero su cobertura alcanza únicamente a unos 3,000 niños de hasta 10 años de edad, por lo que no sustituye las obligaciones integrales establecidas por la ley.

Asimismo, manifestó preocupación por la ralentización en la apertura de nuevas sedes del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, institución que ofrece servicios especializados y cuya demanda supera la capacidad de respuesta disponible. También alertó sobre la escasez de especialistas, señalando que el país cuenta con apenas 19 psiquiatras infantiles para atender las necesidades de miles de niños y adolescentes.

La organización pidió al Gobierno explicar las razones por las cuales la Ley 34-23 no ha alcanzado niveles significativos de ejecución tres años después de su promulgación y expresó su esperanza de que Raquel Arbaje contribuya a impulsar el seguimiento y la aplicación efectiva de la legislación. “Detrás de cada artículo que permanece sin aplicación hay una familia que sigue esperando respuestas”, afirmó la entidad.