Maduro cierra la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y expulsa a sus funcionarios

Ultimátum de 72 horas para Naciones Unidas en Caracas. La revolución bolivariana ordenó este jueves el cierre inmediato de la oficina en Venezuela del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU como represalia por sus críticas al encarcelamiento que sufre la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, relevante figura de la sociedad civil. La presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional permanece recluida en el Helicoide, la siniestra cárcel de la policía política de Nicolás Maduro en la capital venezolana.

“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado que, lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanente se confabulan contra el país”, comunicó el canciller revolucionario, Yván Gil, en lo que supone una escalada sin freno desde que el hijo de Chávez decretara la puesta en marcha de la “furia bolivariana” de cara a las elecciones presidenciales de este año.

Los 13 funcionarios adscritos a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado en Venezuela disponen así de tres días para abandonar el país petrolero “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”, demandó Gil, quien aseguró que su gobierno realizará una “revisión integral” durante 30 días de la cooperación técnica puesta en marcha con la ONU en 2019.

La detención de San Miguel desencadenó una oleada de censuras y críticas, a las que se unió el Alto Comisionado Volker Türk, quien exigió “su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”. Lo que más irritó al Gobierno de Maduro fue que calificara como “desaparición forzada” lo sucedido con la activista, que estuvo más de 100 horas en paradero desconocido e incomunicada, que no contó con sus abogados ni antes ni durante su presentación nocturna ante una tribunal antiterrorista y que además sufrió la captura de cinco familiares muy cercanos, incluida su hija Miranda, que como su madre también cuenta con doble nacionalidad y vive en Madrid.

Sobre la activista de derechos humanos pesa una acusación de terrorismo, conspiración y traición a la patria por colaborar, supuestamente, en un presunto intento de magnicidio contra Maduro, uno de los cinco denunciados en las últimas semanas desde el poder bolivariano.

Las organizaciones venezolanas reclamaban en las últimas horas a la Oficina de la ONU que elevara su presión para que confirmara el estado físico de San Miguel en su lugar de reclusión.

En contra de la oficina de la ONU en Caracas se ha sumado también la visita de Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la Alimentación. El funcionario contó con el respaldo de la oficina en sus distintos itinerarios, dificultados por las habituales medidas bolivarianas. Sus conclusiones no gustaron nada al chavismo: los CLAP, bolsas de comida parecidas a la libreta cubana de racionamiento, eje fundamental del sistema de control social del gobierno, se ha convertido en una “limosna caritativa” de bajo valor nutricional y mala calidad dentro de un sistema de clientelismo en el que se la niega a críticos y opositores.

“Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de derechos humanos”, criticó con dureza Provea, ONG también situada en el punto de mira del chavismo por su denuncias acerca de la desaparición forzada de San Miguel.

“Este paso forma parte del mismo guion: radicalizarse contra algunos actores políticos por hacer contención ante el lamentable episodio de San Miguel mientras hablas de garantías electorales e invitas a algunas de estas mismas organizaciones a ser observadoras del proceso. Cuando el chavismo ve su continuidad en el poder comprometida, por escenarios electorales o extra-electorales, suelen apretar sus arremetidas contra el espacio cívico del país“, sintetizó para EL MUNDO el consultor político Luis Peche Arteaga.