Tribunal alemán juzga al expresidente Volkswagen por el “dieselgate”

El proceso penal contra el expresidente de Volkswagen Martin Winterkorn por su responsabilidad en el escándalo “dieselgate” comenzó el martes, nueve años después de que la revelación hundiera al fabricante de automóviles en una grave crisis.

El exejecutivo del primer fabricante europeo de vehículos mantuvo un perfil bajo al llegar al tribunal de Brunswick, en el norte de Alemania, donde se limitó a declarar a los periodistas que estaba “bastante bien”, y que su amor por “los autos bonitos” había guiado su carrera en Volkswagen.

El grupo alemán admitió en 2015 que había instalado un software para manipular los niveles de emisiones en millones de vehículos en el mundo, desencadenando uno de los mayores escándalos industriales en la historia reciente del país.

Winterkorn se enfrenta a varios cargos, entre ellos el de fraude por el uso de dispositivos de desactivación, que hacían que los coches parecieran menos contaminantes en las pruebas de laboratorio de lo que eran en la carretera. En caso de condena, puede ser encarcelado hasta diez años.

Poco después del estallido del escándalo, el empresario dimitió como presidente del grupo Volkswagen, que también incluye marcas como Porsche, Audi, Skoda o Seat.

Los intentos de llevarlo a juicio habían fracasado hasta ahora. En 2021, debía ser juzgado junto a otros ejecutivos de Volkswagen, pero las acusaciones contra él se separaron de la causa principal y se aplazaron debido a su frágil salud.

Sin embargo, un tribunal regional de Brunswick, cerca de la sede histórica de Volkswagen en Wolfsburgo, anunció que el juicio se celebraría finalmente este mes.

Desde entonces resurgieron preocupaciones sobre la salud del exejecutivo de 77 años, que según la prensa se sometió a una cirugía a mediados de junio, y las dudas sobre si podrá aguantar el largo juicio previsto hasta mediados de 2025.

Falso testimonio

Este ingeniero de formación dirigió el imperio Volkswagen desde 2007 hasta 2015. Bajo su batuta, la plantilla de grupo pasó de 330.000 a más de 600.000 empleados y las ventas subieron de 6,2 a 10 millones de vehículos en el mundo.

Sin embargo, la justicia alemana le reprocha haber permitido la venta de estos vehículos equipados con los dispositivos de manipulación, engañando a los compradores sobre sus características.

El supuesto fraude afecta a 9 millones de vehículos vendidos en Europa y Estados Unidos, que sufrieron un perjuicio económico de cientos de millones de euros.

La práctica se extendió entre 2006 y 2015, pero Winterkorn solo responderá por los años de su presidencia.

El exejecutivo también fue acusado de dar falso testimonio en 2017 a un comité parlamentario alemán, ante el que declaró no conocer la existencia de estos dispositivos hasta septiembre de 2015. La fiscalía considera que fue antes.

Además, se enfrenta al cargo de manipulación de mercados por “no informar deliberadamente al mercado de capitales en el momento oportuno” tras descubrir la existencia de este dispositivo, lo que viola la normativa bursátil alemana.

El eje central del juicio será determinar cuándo el entonces presidente supo del fraude masivo y cómo gestionó el caso a partir de entonces.

Entre los testigos citados figuran Hans Dieter Pötsch, exdirector financiero del grupo, y Herbert Diess, llegado en julio de 2015 para dirigir la marca Volkswagen.

Estos dos ejecutivos evitaron un proceso penal en 2020 gracias a un acuerdo financiero de 9 millones de euros (casi 10 millones de dólares al cambio actual) con la justicia.

Winterkorn ya alcanzó un acuerdo con Volkswagen en 2021 por el que pagó a la empresa 11 millones de euros (12 millones de dólares).

Antes del juicio, el grupo señaló que no era parte del procedimiento, pero que seguiría su desarrollo.

Hasta ahora, el ejecutivo de mayor rango condenado por el escándalo es el exdirector de Audi, Rupert Stadler.

En junio de 2023 recibió una pena de 21 meses de cárcel en suspenso y una multa de 1,1 millones de euros tras admitir fraude por negligencia.

El escándalo ha costado al grupo más de 30.000 millones de dólares en costes legales y compensación a los compradores, principalmente en Estados Unidos.