PRM acumularía alta factura política por el impacto reforma fiscal

Por Yanessi Espinal

Los efectos que tendría la nueva carga impositiva en la clase media serían una ruptura entre el PRM y ese segmento

La reforma fiscal que el gobierno sometió la pasada semana ante el Congreso ya generó las primeras protestas y tiene un rechazo casi generalizado de los sectores sociales y económicos, por lo que aprobarla traería un alto costo político al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al propio presidente Luis Abinader.

Hasta el momento, el partido de gobierno ha tenido que empujar en solitario el proyecto de reforma fiscal y si lo aprueba a pesar de las críticas por la mayoría que tiene en el Congreso, el costo político que tenga que pagar también será en solitario.

El proyecto de reforma busca recaudar más de 120 mil millones de pesos para el presupuesto de 2025.
La noche del domingo se sintieron los primeros cacerolazos en los sectores de clase alta y media de la capital y en las redes sociales circula la convocatoria para repetir las protestas todas las noches del mes de octubre.

En tanto, las organizaciones sociales de San Francisco de Macorís hicieron un llamado a huelga paro para los días 28 y 29 de este mes como acto de repudio a la reforma fiscal que presentó el Gobierno la semana pasada.

En tanto, los partidos políticos de oposición han expresado un rechazo rotundo al proyecto de reforma fiscal planteado por el Gobierno.

Los economistas como Andy Dauhajre y el decano de Economía de la UASD, Antonio Ciriaco, han advertido sobre los efectos negativos de la reforma en caso de que se apruebe como ha sido enviada.

En tanto, sectores como la construcción, viviendas, la industria del Ron, las zonas francas y el turismo han advertido de los efectos negativos de las medidas fiscales que el Gobierno pretende aprobar. Igualmente, han expresado preocupación por gravar en un 18% los productos y servicios de consumo masivo.

Habla Finjus

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su preocupación de que una reforma fiscal de la dimensión que ha planteado el Gobierno no haya sido precedida de diálogos con los diferentes sectores “con el objetivo de buscar, si bien no unanimidad, al menos consensos básicos, sin que esto signifique cuestionar la potestad del Estado de actuar con una visión general de la economía y la sociedad y no sólo en función de uno u otro sector en particular”.

“Hay tiempo todavía para emprender el diálogo para, primero, reducir el grado de incertidumbre que se ha creado en todos los sectores de la vida nacional, y, segundo, buscar puntos de equilibrio que conduzcan a una verdadera reforma fiscal integral y no sólo a una reforma tributaria”, expuso.

Añadió que hay preocupación de que el Gobierno haya sometido simultáneamente tres reformas cruciales -constitucional, fiscal y laboral-, lo que es también una fuente de incertidumbre por tratarse de reformas cruciales que requieren análisis ponderados y búsqueda de consenso.

Tras reconocer la estabilidad económica y política que ha tenido el país en varias décadas, dijo que el cambio que necesita el país no puede lograrse desmontando de un solo golpe el esquema impositivo.

“Ese objetivo no se logra, sin embargo, desmontando a la vez, todos los esquemas impositivos que han servido de sustento al crecimiento económico. Si bien la República Dominicana no puede posponer la búsqueda de soluciones al problema fiscal, no nos encontramos en una situación de crisis extrema que obligue a cambiar radicalmente las bases sobre las cuales ha descansado el crecimiento económico”, puntualiza la entidad.

Añade que la reforma fiscal no puede ser enfocada a incrementar los impuestos de todos los sectores sociales sin un esfuerzo para reducir el gasto público.

Ruptura con la clase media

El decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, ha sostenido que se puede colegir que la carga impositiva, aproximadamente en un 78%, recaerá en sectores de clase media, que se verán afectados por varias disposiciones y medidas contenidas en el proyecto de reforma fiscal, como son los impuestos a las compras por Internet.

Si se concretase ese proyecto de alguna manera representaría una ruptura del PRM con la clase media que ha sido el bastión electoral de esa organización que lo acompañó en las protestas que lo llevaron al poder en 2020 y mantuvo la fidelidad del voto en los pasados comicios.

El gobierno del PRM ha tenido que lidiar con el estigma de que gobierna para la clase económica más acomodada, lo que ha valido la denominación de “gobierno de popis”.

El gobierno del PRM tiene otras deudas acumuladas con los sectores de clase media que se ha identificado con demandas como la despenalización del aborto en el Código Penal, promesa que no se ha cumplido.

De hecho, el cacerolaza se escuchó la noche del domingo en la capital se registró en los ensanches identificados como clase media y alta del Distrito.

Funcionarios defienden la reforma fiscal

Los funcionarios del Gobierno han salido a defender la reforma fiscal presentada la pasada semana por el Gobierno. El principal vocero ha sido el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que ha reconocido que colocar impuestos no es agradable pero que es un compromiso que deben asumir todos los sectores. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, criticó a la oposición por las críticas que ha hecho al cúmulo de reformas. “Entonces la oposición está abrumada por el cúmulo de reformas, el presidente prometió una ola de reformas y está cumpliendo, así que sugiero a la oposición que acelere su paso”, dijo.

Quien carga
La última reforma fiscal se aprobó en 2012 y la factura política la pagó el saliente presidente Leonel Fernández.