El Gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así de claro lo tiene la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela en un contundente informe, en el que ve “motivos razonables para creer” que se produjeron “violaciones de los derechos humanos” en los pasados comicios presidenciales.

El documento de 158 páginas abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 y acusa a las fuerzas de seguridad y a los grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género en unas elecciones marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios.

Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

También asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”, la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, o el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.

Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa” en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.

En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”, indicó.

Detenciones y amenazas

La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.

Ese tipo de campañas “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”, señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.

La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”, con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, “sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019”.

Muertes en las protestas

El informe también documenta al menos 25 muertes, incluidas las de dos menores de edad, durante los primeros días de protestas electorales. Además, señala que al menos ocho de esos incidentes mortales fueron en manifestaciones donde las fuerzas de seguridad del Estado o grupos de civiles afines al Gobierno hicieron uso de armas de fuego.