Miguel Guerrero reproduce debates entre Bosch y Germán Ornes sobre el buen periodismo

SANTO DOMINGO.- En su más reciente libro “Jaque a la Libertad. El derecho a la No Asociación”, su autor Miguel Guerrero reproduce debates que se produjeron entre los hoy extintos expresidente Juan Bosch y el periodista Germán Ornes, sobre el ejercicio del buen periodismo y el sentido común.

En ese sentido señala que conocer el pasado fortalece la capacidad presente de mantener viva la vigilancia y defensa de las libertades públicas y los derechos humanos.

El Nuevo Diario reproduce íntegra la presentación del libro a cargo de José Báez Guerrero:

Damas y caballeros:

Es un honor que me alegra la solicitud del distinguido escritor Miguel Guerrero para presentar su valiosa obra “Jaque a la Libertad. El derecho a la No Asociación”, aquí en mi primera alma máter universitaria precisamente cuando conocí a Miguel en El Caribe, líder de la prensa dominicana a mediados de la década de 1970, cuando se desarrollaron los eventos narrados

Me apena estar ausente por compromisos en el extranjero. Miguel sugirió que comoquiera escribiera esta presentación para ser leída. Lo hice muy complacido. Me advirtió Lon, como le llamamos sus amigos, evitar parecerme al poeta Osvaldo Bazil, quien eludió la ira de Trujillo por elogiar una obra de Balaguer, telegrafiando desde Europa: “Querido jefe, prologué obra, más no leí libro”. En este caso el prólogo lo hizo el brillante abogado Olivo Rodríguez Huertas, exembajador en España, quien enfoca su sesudo introito en aspectos legales. Además, ambos leímos el libro ¡y yo dos veces!

Como veterano periodista y miembro de la Academia de la Historia, Miguel conoce la importancia del contexto en toda narración de sucesos que merezcan relatarse por su incidencia en las sociedades donde ocurren. Como no es una novela, puedo adelantar que, al final, quienes intentaron obligar a los periodistas dominicanos a colegiarse, no pudieron imponer su criterio ante la Suprema Corte de Justicia.

Los pertinaces intentos de crear un colegio para determinar quiénes podrían o no ejercer el oficio de periodista fueron inicialmente exitosos. Este libro recoge la actuación de su autor como protagonista en esa tenaz lucha por libertades constitucionales reconocidas como derechos humanos. Magnífica y bien documentada, esta obra es una autopsia clínica.

La tecnología digital y la intercomunicación por Internet han echado por el suelo la antigua relevancia de los medios impresos, la radio y la televisión. Por tanto, puede escapar a la perspicacia de los más jóvenes la importancia enorme del debate sobre la colegiación y la libertad de asociación. La influencia social, política y económica de los periódicos era incomparablemente superior a la actual.

Hoy en día, sin necesidad de licencia ni regulación, existen “tuiteros”, “influencers”, “reporteros ciudadanos” y decenas de categorías definiendo a quienes -como oficio remunerado o mera entretención o participación cívica o “troleo”- comunican instantáneamente noticias u opiniones mediante redes sociales a todo el mundo interconectado, sin la necesidad de publicación por un periódico, revista, noticiero de radio o televisión u otros medios antiguamente tradicionales.

Debo decirles que no me opongo a la colegiación voluntaria. Soy miembro del Colegio de Periodistas desde que se sentenció como inconstitucional la obligatoriedad. Cuando fui director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica Santo Domingo, a principios de los ’80, comenzaba la primera clase diciendo: “Para ser buenos periodistas no necesitan otra cosa que honestidad, conocer y dominar su herramienta, que es la lengua, y conseguir empleo en algún medio. Aquí apenas les haremos licenciados”.

La idea de un colegio obligatorio no era criolla. La impulsaba la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO), creada en Londres en 1945, recién concluida la guerra, para procurar, mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información, que los estados miembros apoyaran la consolidación de la paz mundial y el diálogo intercultural. También proponían la colegiación obligatoria muchos gremios laborales o sindicatos afiliados a federaciones izquierdistas.

Este propósito sucumbió durante la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En la década de 1970, se consolidó una mayoría mecánica de votos en la UNESCO, dominada por comunistas aliados al movimiento de países no alineados liderado por India. Muchos países que abogaban por un “nuevo orden informativo” tenían regímenes sin la democracia republicana de Europa occidental o Estados Unidos. La guerra fría se peleó también en ámbitos políticos, académicos y culturales, en la prensa

El “nuevo orden informativo” de la UNESCO cuestionaba el “monopolio y colonización ideológica” por parte de la prensa occidental y proponía exigir licencias para periodistas, la creación de agencias de noticias estatales (como la antigua TASS soviética, Prensa Latina de Cuba o la actual TeleSUR de Venezuela) y otros controles coercitivos de la publicidad, el suministro de papel y la asignación de frecuencias de radio y televisión.

Muchos gobiernos insisten en ello. Hace apenas dos años en Madrid, el periodista Fernando Garea, presidente de la agencia EFE, propiedad del gobierno, al ser destituido por las autoridades socialistas, dijo: “Una agencia pública de noticias no es una agencia del Gobierno”. Ejemplos son la BBC de Londres, operada como un “trust” público con lealtad a los ciudadanos cuya adecuada información noticiosa califica la calidad de la democracia, y otras similares agencias gubernamentales.

En octubre de 1980 se realizó la vigésima primera conferencia general de la UNESCO en Belgrado, capital de la disuelta Yugoslavia, gobernada desde la segunda guerra mundial hasta su fallecimiento ese mismo 1980, por el dictador comunista Josip Broz Tito. Inmediatamente, la prensa de países capitalistas denunció esa reunión como “una confabulación tercermundista para cercenar el flujo de las noticias y el derecho a la información”. Controlar la política a través de los medios de comunicación masiva era un sueño de las izquierdas mientras los países capitalistas fomentaban debates pluralistas en diarios, radio y televisión, ejerciendo sus influencias ideológicas de otras maneras.

En su nuevo libro, Miguel Guerrero nos refresca la memoria al reproducir debates entre Juan Bosch y Germán Ornes sobre el buen periodismo y el sentido común; intercambios epistolares con la mordacidad y arrogancia de gremialistas “progres”; la intolerancia del propio secretario general de la UNESCO al visitar Santo Domingo en medio de la discusión sobre la colegiación, y otras anécdotas que añaden color y pimienta a su relato.

Conocí a Miguel al llegar a El Caribe en el verano de 1977, donde trabajaría durante las vacaciones para volver a mis estudios. Precisamente en esa época se entremezclaban los debates por la colegiación con la campaña política del PRD, que sacaría del poder a Balaguer en las elecciones de mayo de 1978. En medio de ese fragor político, una líder y vocera del PRD, casada con un popular periodista, anunció que, cuando el PRD ganara las elecciones, impondría la colegiación como premio para los periodistas perredeistas. Miguel nos recuerda que la colegiación lucía ser un tema político o laboral, o sindical, más que sobre enfoques académicos o deontológicos del ejercicio profesional.

Su obra, 281 páginas de narración y otras 259 de apéndices con leyes y documentos, para un total de 540, está bellamente producida con cubierta en pasta por Editora Centenario, con varias ilustraciones. Conviene leerla, especialmente quienes deseen desmenuzar el asunto de la ilegal obligatoriedad de la colegiación periodística.

Antes de terminar permítanme por favor una digresión. Otras amenazas distintas a la colegiación obligatoria acechan a la prensa. Una es que los mismos grupos, locales y extranjeros, que abogaban por la obligatoriedad de la colegiación, ahora pretenden despenalizar los delitos de prensa como la difamación. Del extremo del control mediante licencias para ejercer el periodismo, al otro de aspirar a una libertina e ilegal impunidad, ambos son muestras de desdén por los derechos constitucionales de los ciudadanos.null

Desde 1844, todas las versiones de la Constitución dominicana incluyen disposiciones garantizando la libertad de expresión y de prensa. El Consejo de Estado de 1962, para reglamentar esas recién re-conquistadas libertades, promulgó la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, que garantiza derechos más que reprimirlos. La evolución democrática requería tutelar “los derechos de la prensa a informar y obtener información, de los ciudadanos a que se respete su honra, así como de la sociedad a que no se atente contra su integridad, su paz y estabilidad democráticas”. El segundo y tercer enunciados son cuestiones de orden público, del ámbito del derecho penal.null

Durante las seis décadas de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, nunca ha sido invocada para cercenar libertades públicas. Muchos abusos gubernamentales mediante medidas administrativas contra la prensa fueron dispuestos por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR).

Todos recordamos que hubo trágicos abusos y excesos. Pero los asesinatos de mártires de la prensa por sus convicciones contrarias al gobierno, la intimidación de críticos o su acoso policial, el cierre ilegal de medios o las prohibiciones a líderes políticos para usar la radio o la televisión, fueron sucesos cuya ocurrencia no fue causada por la referida Ley 6132 ni habrían podido impedirse sólo en base a ella.null

El movimiento internacional para despenalizar la difamación significa la impunidad por delitos de prensa para directores y propietarios de medios. Se alega que una mal llamada “autocensura” es mayor porque delitos de prensa puedan ser judicializados penalmente. Pero la consecuencia de la “despenalización” de los delitos de prensa será establecer la irresponsabilidad mediática. Directores ni propietarios de medios estarían obligados a responder penalmente por sus ilícitos de prensa. Igualmente es aberrante que, ante demandas civiles, podrían atribuir la culpa a empleados, subalternos o a terceros.