Amnistía Internacional dice violaciones de derechos humanos son regulares en la Policía Nacional

Para Amnistía Internacional, las violaciones de derechos humanos que envuelven la muerte del joven David de los Santos no son hechos aislados, por el contrario, es una práctica recurrente entre miembros de la Policía Nacional.

El organismo expresó su solidaridad a la familia de De los Santos, quien murió el 1 de mayo pasado a causa de los golpes que recibió mientras estuvo detenido en el destacamento policial del Ensanche Naco, un hecho por el que ayer se presentó al Congreso una propuesta de interpelación al director de la Policía. 

“Es penoso reconocerlo para algunas personas, pero en República Dominicana hay una práctica regular de agentes de Policía Nacional de participar en actos que son violatorios de los derechos humanos y es algo que hemos documentado por lo menos en la última década y media”, dice Elina Castillo, encargada de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional.

Esas violaciones que vienen documentando desde 2011, incluyen detenciones arbitrarias, muertes ilícitas que luego son considerados como homicidios, torturas, tratamientos inhumanos y otros malos tratos bajo detención.  Ante esa “penosa” realidad, también se da el que, por lo regular, los responsables casi nunca van a la justicia, dando la idea de que se da carta blanca a las violaciones, pues quedan en impunidad. 

“El control de la Policía Nacional es inadecuado, ha sido inadecuado por décadas y, si bien se han hecho reformas policiales, la realidad es que no han sido efectivas, como el lamentable caso de David de los Santos lo demuestra”, comenta Castillo. 

Además del caso de De los Santos, refiere otros que han registran en sus informes y cita el publicado en 2019 sobre los malos tratos y torturas a trabajadoras sexuales o las más de 85,000 detenciones irregulares a partir de la pandemia del COVID-19 en 2020.

Entiende que dentro de la policía existe la idea de que son un brazo de control social, pero el para qué ejercer ese control es lo que suele derivar en violaciones de derechos humanos.

Buscan interpelar

Al considerar que los derechos a la dignidad humana y a la integridad, están consignados en la Constitución y, tras las confusas circunstancias en que murieron tres jóvenes tras ser apresados por agentes policiales, un diputado presentó ayer en la Cámara Baja un proyecto de resolución en busca de que el director de la Policía Nacional sea interpelado. 

La iniciativa de José Horacio Rodríguez, secundada por los diputados Braulio Peralta y Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, se fundamenta en que el mayor general Eduardo Alberto Then no asistió a una reunión que organizó la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara Baja para que el oficial diera explicaciones sobre la reforma policial y los recientes excesos policiales. En su lugar acudieron el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez y el Comisionado Ejecutivo para la Transformación Policial, José Vila del Castillo.

El legislador de Alianza País expresó que el alto oficial debería dar explicaciones sobre los crímenes que han consternado al país. Se refirió a las muertes en circunstancias no aclaradas de De los Santos, José Gregorio Custodio en Ocoa y Richard Báez (El Peluquero) en Santiago

El diputado espera que esa iniciativa sea colocada en la agenda de este miércoles por la urgencia que amerita el tema.

Ayer, los diputados Rafael Augusto Castillo, de la Fuerza del Pueblo, y José Henríquez Beato, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), favorecieron que el director de la Policía sea interpelado.Una reforma eficaz

Para Elina Castillo, la clave para controlar los casos que empañan la labor policial depende de una reforma a esa organización que sea efectiva. Sabe que desde 2011 a la fecha se han tratado de dar algunos pasos, pero sigue la necesidad de que haya una voluntad política mucho más fuerte. Ante el actual proceso de reforma policial que está en curso, considera que, si bien se saluda como un buen primer paso, la realidad es que se puede quedar vacía y no garantizará los derechos humanos sino se crean mecanismos de supervisión eficaces e independientes de la actuación policial. También el que exista claramente en las leyes la responsabilidad de los mandos superiores en la Policía.