Charlie Mariotti Jr. somete proyecto para fortalecer la libertad de expresión en el Código Penal

Santo Domingo.– Atendiendo al llamado de diversos sectores de la sociedad civil, el periodismo y la academia, el legislador Charlie Mariotti Jr. sometió ante el Congreso Nacional un proyecto de ley orgánica que modifica los artículos 208, 310 y 315 de la Ley núm. 74-25, con el objetivo de fortalecer las garantías constitucionales de la libertad de expresión, prensa y crítica ciudadana.

Protección a la libertad de expresión
La pieza legislativa incorpora un principio de interpretación restrictiva a favor del derecho a expresarse y reforma los tipos penales clave como la “Difamación (art. 208)”, la cual exige que el hecho imputado sea falso, se blinda el periodismo de interés público bajo el estándar de “real malicia” y se elimina la pena de prisión, dejando la sanción exclusivamente en multas.

De igual foma el “Ultraje a la autoridad (art. 310)”, este tipo penal, se limita a amenazas graves o actos de intimidación contra funcionarios, excluyendo expresamente la crítica, la protesta pacífica y el trabajo periodístico.

Otro tipo penal de la pieza es el “Desacato (art. 315)” que restringe únicamente a amenazas, violencia o incumplimiento deliberado de mandatos, descartando de plano cualquier sanción contra la sátira, la opinión política o la denuncia ciudadana.

El objetivo central es adecuar estas figuras jurídicas a los principios de proporcionalidad e intervención mínima, garantizando que el ejercicio del derecho a disentir no sea criminalizado.

Contingencia y “Vacatio Legis”
Como medida de salvaguarda, se presentó un segundo anteproyecto que modifica el artículo 393 de la Ley núm. 74-25, el cual propone ampliar la vacatio legis por seis meses adicionales.

Esta extensión busca garantizar el tiempo necesario para realizar los ajustes constitucionales pendientes y asegurar que tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público como la Defensa Pública cuenten con la preparación institucional adecuada antes de que el nuevo Código Penal entre en vigor.

Ambas iniciativas responden a un propósito único: asegurar que la reforma penal sea plenamente compatible con la Constitución y que su implementación no vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos ni la seguridad jurídica de la República Dominicana.