Connect with us

NACIONALES

Crea incomodidad lentitud conocimiento medida coerción contra policías involucrados en asesinato de pareja cristiana

Santo Domingo, RD

Dos grupos de ciudada­nos se formaron ayer a las afueras del palacio de justicia de este munici­pio, dando lugar a un es­cenario de pugnas y ale­gatos a favor y en contra de los policías involucra­dos en el crimen, el pa­sado martes, de la pareja de esposos, los pastores evangélicos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz.
Los defensores de los policías procesados están pidiendo a las autorida­des de justicia “no dejarse presionar” por los recla­mos de condena a estos, mientras las familias de las dos víctimas morta­les y personas atribuladas por esta tragedia recla­man aplicar todo el peso de la ley a los imputados.
Del lado donde esta­ban los familiares y ami­gos de las víctimas, Ma­rino Antonio Muñoz Concepción, padre de Elizabeth, juzga “no creí­ble” el informe de la Policía cuando indica que el doble homicidio ocurrió en me­dio de la persecución de va­rios individuos que habían robado una moto tipo pa­sola, y se desplazaban en un carro, color blanco.
Justamente, esa era el color del vehículo en el que viajaban los pastores Joel Díaz y Elizabeth Mu­ñoz.
En una declaración que encierra esperanza de jus­ticia de este caso, Muñoz Concepción dijo estar con­fiado en las palabras del presidente Luis Abinader cuando declaró enfática­mente que se hará justicia.
Quieren “juicio justo”
Los agentes de policía in­volucrados en este crimen de los pastores también en­contraron manifestaciones de defensa.
Aun cuando los dos pas­tores gozaban de buenas credenciales por su entre­ga al cristianismo y conduc­ta social ejemplar, Ana Ma­ría Reyes, pariente de uno de los imputados, pidió a las autoridades “no dejar­se presionar” y “actuar con justicia”, igual que, a pesar de que Joel Díaz y Elizabeth Muñoz fueron las víctimas de la actuación policial, aprovechó para defender actuaciones del ente de or­den público aquí, donde di­jo “se ha controlado la de­lincuencia”.
Los agentes acusados de la muerte de los esposos evangélicos, cuando estos regresaban de una activi­dad religiosa, son el segun­do teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Do­mingo Perdomo Reyes, los cabos Norkys Rodríguez Ji­ménez y Ángel de los San­tos, y los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís.
Recusan a jueza
El Tribunal de Atención Permanente de Villa Al­tagracia suspendió ayer el conocimiento de la me­dida de coerción porque la jueza Sugeldi Rosario Mena fue recusada por el abogado del raso Anthony Castro, al alegar que en re­ceso de una hora pidió que le entregaran el expedien­te de 158 páginas com­pleto, no se lo entregaron como quería y las copias tardaron 45 minutos.

El abogado Jerry Castro dijo que la tardanza en en­tregar los documentos puso en cuestionamiento la im­parcialidad de la magistra­da, y por eso fue recusada.
EL PASTOR
¿Qué es, qué hace?
Es el guía espiritual de un grupo de personas o congregación. Promue­ve el trabajo de la iglesia mientras les muestra a los demás el camino pa­ra que se relacionen con Jesucristo. Puede practi­car una tarea específica, como el trabajo con ni­ños, supervisar a un mi­nistro o servir a un pas­tor mayor.
Está bajo autoridad, que es la Palabra de Dios. Un pastor fiel debe ir a las Escrituras, reconociendo que ellas son la infalible revelación de Dios.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NACIONALES

Exmiembros de Cámara de Cuentas en la mira de las autoridades tras perder privilegio de jurisdicción

Los salientes miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas están en la mira de las autoridades judiciales hoy más que nunca, ya que luego de que perdieran la jurisdicción privilegiada, el Ministerio Público ha comenzado a agilizar sus investigaciones a fin de realizar los sometimientos lo antes posible en los tribunales ordinarios.

La información de personal del Ministerio Público sale a la luz luego de que el pasado jueves fuera juramentado un nuevo Pleno en la Cámara de Cuentas y se produjera la salida del grupo investigado por varios delitos de supuesta corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, y falsificación de documentos públicos.

Tan pronto se produjo la salida del investigado Hugo Álvarez (presidente saliente), y los demás exmiembros del Pleno, también bajo investigación, han comenzado a surgir las peticiones de justicia de parte de organizaciones de la sociedad civil.
Uno de esos grupos es Marcha Verde, organización que a través de un comunicado informó lo siguiente: “Marcha Verde espera que no haya borrón ni cuenta nueva. Que sean sometidos todos los que han violado las leyes y han usurpado el dinero público o se han callado ante los casos de corrupción, más aun reclamamos que haya justicia ejemplar contra los que desde la función pública han tratado de ocultar o eliminar pruebas para favorecer intereses particulares”.

También advirtieron: “Si no hay resultados concretos, reafirmamos que iremos a las calles vestidos de verde a reclamar que los corruptos sean investigados, procesados y sometidos a la justicia”.

Operación Caracol
Sobre este caso, la información oficial del Ministerio Público establece que como parte de la Operación Caracol, puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, investigan al organismo encabezado por Hugo Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, entre otros delitos.

En el marco de este operativo, el Ministerio Público hizo un allanamiento en la institución, donde realizaron diversas acciones encaminadas a salvaguardar las informaciones que busca el Ministerio Público en el organismo fiscalizador.

Además de Álvarez Pérez, la investigación por alegada corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes conformaban el Pleno de la Cámara de Cuentas.

Los miembros del Pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano, establecen varios comunicados de la Procuraduría General de la República.

Continue Reading

Trending